Una alarmante situación de presunto fraude y vulnerabilidad sistemática ha salido a la luz en el Instituto de Previsión Social, afectando de manera directa a Lucía Ninfa Franco de Gómez, una mujer que se jubiló hace apenas dos meses.
Lo que debía ser un trámite de rutina para solicitar un préstamo de G. 70 millones con el fin de solventar gastos médicos familiares se transformó en una pesadilla legal y financiera cuando las autoridades de la previsional le informaron que registraba una deuda acumulada de G. 290.949.560.
De acuerdo con los registros oficiales de la institución, la afectada figura de manera insólita bajo la categoría de empleadora ganadera, un rubro del cual afirma no haber tenido jamás participación alguna. La millonaria suma exigida se desglosa en G. 199.781.808 en concepto de aportes obrero-patronales impagos, a lo que se le suman millonarios recargos por mora acumulados de forma irregular en el sistema informático institucional.
Con profunda indignación y visiblemente afectada por la noticia, la víctima relató que pasó toda su vida laboral trabajando bajo una modesta remuneración como encargada de personal, cumpliendo extensas jornadas que iniciaban a las seis de la mañana y culminaban a las nueve de la noche. Ante la contundencia de los registros que la vinculan a una actividad empresarial inexistente, manifestó su firme sospecha de que existe una red de corrupción operando desde el interior de la previsional, sugiriendo que los propios funcionarios con acceso al sistema manipulan los datos de personas inocentes para encubrir evasiones o favorecer a terceros.
Al intentar aclarar la situación ante las oficinas de Aporte Obrero Patronal, la solicitud de la afectada fue inicialmente rechazada, dejándola en un estado de total indefensión. Por su parte, las autoridades del IPS alegaron desconocer la denuncia formal en un principio, limitándose a señalar que el procedimiento regular ante estos casos requerirá la realización de una auditoría interna.
Esta medida buscaría identificar el usuario específico y el rastro digital del funcionario que alteró el perfil de la jubilada, aunque no se han establecido plazos precisos para la resolución de este preocupante caso que vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de los datos en la institución de seguridad social.
Fuente: Ultima Hora
