El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se encuentra hoy en el centro del debate público. Lejos de retroceder ante las críticas, la actual presidenta del organismo, Alicia Pucheta, ha salido al paso para blindar la legalidad de los polémicos “sueldazos” y las gratificaciones adicionales que han generado indignación en diversos sectores de la sociedad paraguaya.
La controversia estalló tras conocerse las elevadas sumas de dinero que el Estado destina mensualmente para sostener la estructura administrativa del JEM. Mientras la ciudadanía exige mayor austeridad y transparencia en el uso de los fondos públicos, Pucheta sostiene firmemente que cada guaraní pagado está respaldado por el marco jurídico vigente. Según su postura, no se trata de una cuestión de voluntad arbitraria, sino del cumplimiento de normativas presupuestarias ya establecidas, argumentando que estos beneficios son derechos adquiridos por los trabajadores de la institución.
El malestar generalizado no solo apunta a los salarios base, sino también a los jugosos adicionales por títulos académicos, antigüedad y otros conceptos que inflan las remuneraciones de forma considerable en comparación con el resto del funcionariado público. Sin embargo, para la titular del Jurado, estas asignaciones son herramientas legales que no pueden ser recortadas de forma unilateral sin vulnerar procesos administrativos previos.
Este blindaje institucional ocurre en un momento de alta sensibilidad política, donde cada movimiento del JEM es vigilado de cerca. La defensa de Pucheta plantea un dilema ético y legal: ¿es suficiente que un privilegio sea «legal» para que sea justo ante los ojos de un país con profundas carencias? Mientras la institución se mantiene en su posición defensiva, el debate sobre la reforma del gasto público vuelve a instalarse con fuerza en la agenda nacional, dejando al descubierto la brecha existente entre la legalidad institucional y la expectativa de justicia de la gente.
Fuente: Observapy
