Mientras miles de asegurados del Instituto de Previsión Social hacen interminables filas desde la madrugada para recibir un categórico «no hay» en las ventanillas, en los oscuros depósitos de la previsional ocurrió una tragedia tan grave como evitable. Un revelador reporte oficial de la Gerencia de Salud de la institución confirmó que entre los años 2023 y 2025 se dejaron vencer más de 36.000 unidades de medicamentos e insumos médicos de alto costo, representando un perjuicio económico directo que supera los 1.800 millones de guaraníes.
El contraste resulta escandaloso y profundo. Por un lado, enfermos crónicos, pacientes oncológicos y familias con parientes en terapia intensiva se ven forzados a vender sus pertenencias, organizar rifas y polladas o endeudarse con préstamos para comprar de su propio bolsillo las medicinas que deberían ser provistas por el seguro social. Por el otro lado, dentro de los almacenes de la institución, insumos vitales se guardaron sin control hasta quedar inservibles por puro vencimiento, tirando a la basura recursos que debieron salvar vidas.
Los datos desglosados año por año desnudan una cadena sostenida de negligencia administrativa. En 2023 se produjo el golpe financiero más duro, con la pérdida de más de 15.000 unidades valuadas en 1.617 millones de guaraníes; entre ellas, lotes enteros de potentes antibióticos para infecciones graves en terapia intensiva, anticoagulantes para infartos e insulinas. La historia se repitió en 2024 con la caducidad de casi 14.500 dosis de remedios neurológicos, cardiovasculares y de urgencia médica. Finalmente, en 2025 se sumaron más de 7.000 unidades perdidas, incluyendo fármacos inmunosupresores esenciales para evitar el rechazo de órganos en pacientes trasplantados.
Esta debacle salpica de lleno a las máximas autoridades que manejaron la institución durante ese periodo. Las pérdidas se acumularon bajo las administraciones de Vicente Bataglia y Jorge Brítez, este último al frente de la previsional hasta abril de 2026. Ambos expresidentes se encuentran actualmente imputados por la Fiscalía por lesión de confianza y malversación de fondos públicos en otra causa paralela por obras inconclusas de quirófanos. A la par, los encargados de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, Jaime Caballero y Hugo Enrique Aranda, responsables directos de custodiar y repartir los fármacos, también enfrentan procesos ante la justicia.
Pese a la contundencia de los datos filtrados, la respuesta en las altas esferas del IPS volvió a ser la postergación. Cuando el informe debía ser debatido de urgencia por el Consejo de Administración, la discusión fue congelada por 15 días a pedido de la consejera Bettina Albertini, quien argumentó la necesidad de revisar mejor los antecedentes y minimizó la alarma asegurando que «nadie está sangrando todavía por esto». Sin embargo, en los pasillos de los hospitales la realidad es muy distinta: la falta de remedios desangra a diario el bolsillo, la salud y la dignidad de miles de familias paraguayas que aportan mes a mes esperando una atención que no llega.
Fuente: ABCDigital/ NadCano
