Barchini nombra a su sobrino como nuevo director jurídico del Ministerio de Justicia

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El titular del Ministerio de Justicia, Ángel Barchini, nombró al hijo de su prima como nuevo director jurídico dentro de la mencionada cartera, en reemplazo de José María Ozorio Adorno. 


A través del Decreto 309 de la Presidencia de la República, se confirmó el nombramiento de un pariente del ministro de Justicia, Ángel Barchini, como nuevo director general de la Asesoría Jurídica de la cartera. Se trata de Jorge Enrique González Barchini, quien reemplazará en el cargo a José María Ozorio Adorno. González Barchini es hijo de Zunilda Barchini, pariente del ministro Ángel Barchini.

Según la nómina de funcionarios de julio 2023, el anterior director jurídico del Ministerio percibía por mes G. 15.686.995, un monto que ahora quedaría a cargo del sobrino “lejano” del ministro.

En el detalle del monto devengado por este cargo, la nómina detalla que por viáticos y movilidad recibía G. 1.373.245; G. 2.290.050, en concepto de bonificación por responsabilidad; G. 913.500, por gastos de representación; 6.720.000 en sueldos y G. 2.500.000 gastos de residencia.

Todo esto según la última planilla de salarios publicada en su web por el Ministerio de Justicia.

¿Qué dice la ley que prohíbe el nepotismo?

Paraguay cuenta con la Ley N° 5235, que prohíbe el nepotismo en la función pública, desde que fue promulgada en setiembre del 2014.

La ley indica que se entenderá por nepotismo “cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública”.

Además del presidente, vicepresidente, senadores y diputados, todas las secretarías de Estado están sujetas a esta ley que se encuentra vigente.

Así también, establece que el que realice un nombramiento o contratación de servicios, “en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será sancionado con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta cinco años y la nulidad del acto jurídico”.

Este mismo castigo se replicará en el “beneficiado con el nombramiento o contrato en contravención”.

Tanto el autor como el nombrado “serán solidariamente responsables de la devolución de los salarios cobrados indebidamente”.

Según el Ministerio de Justicia, el parentezco entre el ministro y su nuevo director jurídico es lejano y no está contemplado dentro de la ley.

 

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