El asesinato del periodista Leo Veras, ejecutado por sicarios en febrero de 2020 en Pedro Juan Caballero, permanece en una profunda impunidad debido a la falta de voluntad judicial para profundizar en nuevos datos que revelan el paradero del presunto autor material y la compleja red de complicidades que lo sostiene.
Mientras el crimen organizado sigue acallando voces en la frontera, las recientes revelaciones exponen un entramado de protección que conecta directamente a prófugos de la justicia con prestamistas, cambistas vinculados al gremio ganadero y sectores de la política partidaria, hilos que las autoridades paraguayas han evitado sistemáticamente investigar.
Esta persistente falta de justicia vuelve a cobrar relevancia internacional tras confirmarse que la periodista Fatima Garay, de Telefuturo, obtuvo el primer premio en el prestigioso concurso de reportajes investigativos «Contra la impunidad: nuestra memoria y nuestra voz», apoyado por la Mesa para la Seguridad de Periodistas y la UNESCO. Su trabajo, titulado “La cinta blanca que selló el asesinato de un periodista en Paraguay”, retrata el trágico escenario de la libertad de prensa en el país y señala directamente a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrâo, como el principal responsable de la muerte de Veras, desnudando cómo el sistema judicial falló en garantizar un castigo ejemplar.
A pesar del galardón que expone la desidia fiscal a nivel global, una investigación de Cuarto Poder expuso que la estructura de Cachorrâo sigue operando con total libertad e impunidad, expandiendo sus tentáculos fuera de las fronteras paraguayas. El ciudadano boliviano G.V. confirmó que fue víctima de una estafa por 200.000 dólares perpetrada por un esquema delictivo liderado por el propio Pereira Rivas, quien actualmente se oculta en Bolivia utilizando la identidad falsa de «Gustavo Molina».
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La declaración de la víctima es contundente al desnudar el soporte logístico y financiero que permite al presunto narco y asesino mantenerse prófugo. Según la denuncia, el esquema opera en complicidad con referentes del ámbito político, el negocio de la usura y casas de cambio fuertemente conectadas al gremio rural. El nexo en Paraguay se evidenció tras la detención en Luque de Andrés Espínola, hallado en posesión de sustancias estupefacientes por la SENAD, quien actuaba como intermediario clave en las operaciones inmobiliarias fraudulentas del grupo criminal junto a Rocío Echeverría, candidata a concejal de la ANR en Ñemby. También es mencionado Carlos Lugo, empresario gastronómico, quien se quedó con las propiedades del ciudadano boliviano.
El afectado boliviano relató que el propio prófugo coordinaba las transacciones de dinero a través de canales cambiarios a cargo de Cesar Sienra (alias Fito), quien sería hermano de un influyente dirigente de la Asociación Rural en Itapúa (sería Horacio Sienra) y que existen pruebas de llamadas tripartitas que vinculan a comerciantes locales con el esquema de alias Cachorrâo. La ruta del dinero y las transferencias de inmuebles no solo confirman la vigencia operativa del criminal, sino que configuran una agenda de investigación que el Ministerio Público ha ignorado de forma deliberada.
La impunidad en el caso de Leo Veras persiste no por falta de indicios, sino porque profundizar en el paradero de Pereira Rivas implicaría desmantelar una red de poder económico y político que hoy sigue operando desde las sombras.
