Lo que comenzó como una denuncia por el robo de una caja fuerte escaló hasta convertirse en un escándalo internacional que hace crujir al sistema judicial paraguayo.
El caso de Camila Antonella Arámbulo Garibaldi, una joven «trader digital» imputada por el hurto agravado de una millonaria suma al periodista argentino Nicolás C. Morás, se encuentra bajo la estricta vigilancia de Washington.
Expertos de Estados Unidos y las Naciones Unidas advierten sobre una presunta red de blindaje político y judicial que expone la debilidad de las instituciones del país.
La trama sumó tensión internacional debido al reciente endurecimiento de la política de Estados Unidos contra las estructuras criminales transnacionales y la firma del acuerdo SOFA con Paraguay en marzo de 2026, el cual estrecha la cooperación militar y judicial entre ambos países. En este escenario, la experta estadounidense en crimen organizado Guadalupe Correa, miembro del prestigioso Centro Wilson, alertó que Paraguay no puede pretender mostrarse como un aliado confiable si permite la impunidad selectiva en un expediente tan sensible. Correa denunció que el sistema judicial paraguayo está siendo utilizado para perseguir a la propia víctima del robo, un periodista reconocido, en lugar de juzgar el delito.
Las sospechas de una fuerte protección política cobraron fuerza tras la investigación del medio argentino RealPolitik, que vinculó el entorno de Arámbulo con operadores del exsenador colorado Erico Galeano, recientemente condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del megaoperativo antidrogas A Ultranza Py. El dato clave que cerró el círculo es la designación de Ricardo Estigarribia Chávez como nuevo abogado de la joven; el mismo defensor que representó a Galeano. Fuentes periodísticas señalan que Estigarribia habría mantenido reuniones con Gerardo Bobadilla, presidente del Consejo de la Magistratura, con el objetivo de presionar a los magistrados y lograr el sobreseimiento provisional de la imputada.
El proceso judicial estuvo plagado de irregularidades escandalosas. En septiembre pasado, Arámbulo logró fugarse en un vuelo a Roma apenas 24 horas después de que se emitiera una orden de captura en su contra, la cual ya figuraba en el sistema informático de la Policía. Tras exhibir su viaje de lujo por Europa en las redes sociales, la jueza de la causa, Ana María Esquivel, levantó la orden de detención basándose en un informe falso de su ujier, quien alegó no poder notificarla por falta de un expediente físico, a pesar de que todo el sistema ya es digital. Este hecho derivó en una denuncia penal contra la funcionaria judicial y desató una tormenta institucional.
El comportamiento de los magistrados paraguayos despertó la indignación del diplomático colombiano y experto de la ONU Omar Bula Escobar, quien calificó la situación como una verdadera perversión judicial que pone en jaque al Estado de derecho en el país. En el ojo del huracán se encuentran también las fiscalas Amelia Bernal y Verónica Mayor, además del camarista Dionisio Frutos Serrati, este último salpicado por rumores de una reunión ilegal con la imputada que provocó que la Facultad de Derecho de la UNA separara de sus cátedras a su anterior abogado, Fermín Bogado.
Como parte de la estrategia de defensa, Arámbulo impulsó denuncias instrumentales de violencia doméstica contra la abogada de la víctima, Noelia Quintana Shaffer, con la intención de amordazarla. Sin embargo, la Justicia de Paz desestimó la maniobra y levantó las restricciones. La abogada defensora ya inició una querella por falsa denuncia, mientras analistas internacionales exigen que la Fiscalía actúe bajo el mismo estándar para evitar que se sigan utilizando leyes de protección familiar y denuncias por desacato como herramientas de persecución contra el periodista denunciante.
Hoy, el caso Arámbulo dejó de ser un simple expediente por hurto para convertirse en una auténtica prueba de fuego para Paraguay. Mientras Washington observa con lupa cada movimiento, el país debe demostrar si sus jueces y fiscales responden a la ley o si el sistema judicial sigue subordinado a los favores corporativos, las influencias políticas y el encubrimiento. Ante la gravedad de los hechos, no se descarta la llegada inminente de una comisión internacional para auditar de cerca el proceso.
Fuente: Ultima Hora
