A un año y dos meses del trágico derrumbe de un edificio en la ciudad de Encarnación, que cobró la vida de una adolescente de 15 años y su abuela, el proceso judicial se encuentra estancado debido a una severa e injustificada dilación. Aunque el Ministerio Público dispuso el inicio de un análisis técnico estructural el 30 de setiembre de 2025 y fijó un plazo máximo de 90 días para su entrega, ya han transcurrido siete meses de retraso desde la fecha límite original, estipulada para el 30 de diciembre del año pasado. Consultorías de la prensa local con el perito designado, el ingeniero Hermann Segovia, revelaron que actualmente no existe una fecha tentativa para la remisión de los resultados conclusivos de este estudio.
Esta excesiva lentitud en las pericias técnicas perjudica de forma directa a los familiares de las víctimas que claman por justicia, mientras beneficia a figuras clave que continúan al margen de las investigaciones fiscales. Hasta el momento, las pesquisas preliminares derivaron en la imputación de los dueños de la propiedad, del intendente de Encarnación, Luis Yd, de su director de obras, René Miglio, y de otros funcionarios municipales debido a negligencias administrativas y de fiscalización, así como por autorizar pisos adicionales en una estructura sin el aval de profesionales idóneos.
Sin embargo, surgen fuertes sospechas de que el retraso del informe busca proteger intereses políticos y comerciales en pleno periodo electoral, impidiendo que se expongan las responsabilidades de otros actores vinculados, como el diputado liberal Carlos Pereira Rieve, cuya empresa estuvo a cargo de la provisión de concreto y la carga de los componentes esenciales de la fallida obra.
Fuente: RossanaEs / LaNacionpy
