Imagínese estudiar derecho, conseguir un codiciado puesto en las unidades especializadas del mismísimo Ministerio Público, aprender con lujo de detalles cómo la justicia persigue a los criminales y, de pronto, concluir que el bando contrario ofrece un paquete de beneficios mucho más atractivo.
Eso es, palabras más o palabras menos, lo que según la acusación del fiscal Deny Yoon Pak hizo José Darío Estigarribia Cristaldo. A sus 37 años, este exfuncionario cambió el rigor de los expedientes oficiales por el combo completo del crimen transnacional: tráfico internacional de cocaína, asociación criminal y lavado de activos, todo dentro del monumental operativo conocido como A Ultranza Py.
Pero Estigarribia no era un simple aparecido ni un mandadero de última fila; el hombre logró posicionarse nada menos que en el círculo de máxima confianza de Sebastián Marset y de Miguel Insfrán Galeano, alias «Tío Rico». Mientras esta megaestructura lograba la hazaña criminal de enviar más de 17.000 kilogramos de cocaína con destino a lejanos puertos de Europa y África entre los años 2020 y 2021 —usando pistas clandestinas en el Chaco paraguayo, estancias de acopio en Presidente Hayes y San Pedro y contenedores de exportación marítima—, nuestro polifacético protagonista se dedicaba a la no menos compleja tarea de recibir las acaudaladas montañas de dinero en efectivo y hacerlas pasar por billetes perfectamente legales.
Convertir millones provenientes del narcotráfico en negocios aceptables requería una creatividad digna de un consultor empresarial con pocas pulgas y cero escrúpulos. En primer lugar, Estigarribia probó suerte en la alta gastronomía: compró junto a su hermano acciones de la firma Prokitchen S.A., famosa por su marca «Woko». Luego, en un gesto de generosidad corporativa, le transfirió parte de esas acciones al propio Marset. La empresa no solo servía para matizar el origen de los fondos, sino también para cubrir los generosos gastos personales de la familia del capo uruguayo y financiar sonados eventos y actividades deportivas.
Como todo buen emprendedor del crimen sabe que el bienestar físico es fundamental, el exfuncionario diversificó sus inversiones e incursionó en el rubro del ‘fitness’. Alquiló e instaló un ostentoso centro de entrenamiento de artes marciales en pleno centro de Asunción, bautizado como «Team Force». A través de este gimnasio no solo administraba cuantiosos recursos ilícitos, sino que también realizaba jugosos pases publicitarios en diversas instituciones deportivas, justificando así el flujo incesante de capitales con la excusa del patrocinio deportivo.
Por si fuera poco, cuando se trataba de rodar por la capital, el gusto por el lujo no podía disimularse. Estigarribia adquirió una vistosa flota de vehículos de alta gama, aunque con un toque de precaución legal digno de su formación: para evitar que la justicia le pusiera las manos encima en eventuales comisos e incautaciones, orquestó una red de contratos simulados de compraventa a favor de sus propios familiares. Y para cerrar el círculo logístico, aprovechaba sus contactos para abastecer de armas de fuego de diversos calibres y accesorios de última generación a los cuerpos de seguridad personal que custodiaban a los capos de la organización.
Toda esta elaborada comedia de negocios, gimnasios y maniobras financieras, que por años funcionó como un reloj suizo, ha llegado finalmente a su acto decisivo. La Fiscalía ha presentado la acusación formal y solicitado la apertura a juicio oral y público.
Fuente: PerlaSilguero
