El silencio habitual de la noche en el barrio Santo Domingo de Hernandarias no trajo el merecido descanso a los vecinos; trajo el estruendo de balas, ráfagas de metralla y un terror paralizante. Dos desconocidos a bordo de una motocicleta aceleraron frente a una vivienda familiar, apretaron el gatillo sin piedad contra la fachada y dejaron un reguero de casquillos esparcidos en el suelo. Antes de huir a toda velocidad y perderse en la penumbra, arrojaron un mensaje escrito en papel que le heló la sangre a toda la comunidad: «De parte de La abuelita».
Aquella nota no era una broma macabra de mal gusto, sino una advertencia sangrienta del crimen organizado. Horas antes, en un operativo conjunto de la Comisaría 5ª y la Secretaría Nacional Antidrogas, liderado por el fiscal Luis Fernando Escobar, las fuerzas del orden habían echado abajo las puertas de una conocida «boca de fumo». En el lugar arrestaron a Hipólita Penayo Mendieta, una mujer de 77 años apodada «La abuelita», junto a cuatro presuntos cómplices —entre ellos un adolescente de apenas 15 años— e incautaron 193 dosis de cocaína tipo crack, fajos de dinero en efectivo y afilados machetillos. Sin embargo, el alivio de los vecinos duró lo que dura un suspiro. Mientras la gente albergaba la humilde esperanza de recuperar unos días de paz, las balas retumbaron en la cuadra para recordarles crudamente quién manda en el territorio. Y lo más escalofriante de todo: a las pocas horas de que la patrulla policial se llevara a los detenidos, los adictos ya desfilaban nuevamente por la misma vivienda para comprar su dosis diaria.
Con el alma en el hilo y la impotencia ahogándoles la garganta, la familia afectada rompió el silencio entre lágrimas e indignación. «Nos estamos convirtiendo en México… La Policía hace su trabajo y luego se va, se encajona, y ellos vuelven a hacer lo mismo», lamentó Osmar Candia frente a los destrozos en la propiedad de su madre. A su lado, su hermana Liz Candia lanzaba un clamor desgarrador que retumba en todo el departamento: «¿Qué esperan para reaccionar? ¿Acaso esperan a que haya alguna víctima fatal que lamentar para hacer algo? Ya prácticamente entraron a nuestra casa y el mensaje es claro: si hay una próxima, será contra nosotros».
Lo ocurrido en Hernandarias no es un hecho aislado ni una tragedia ajena; es el síntoma febril de una epidemia de violencia e inseguridad que devora viva a la región de Alto Paraná. En Ciudad del Este, el paisaje cotidiano se ha transformado en un terreno minado de peligros. Apenas días atrás, los desesperados pobladores del barrio San Antonio tuvieron que convocar a una reunión de emergencia con los jefes policiales luego de que un habitante fuera salvajemente apuñalado por un adicto en plena crisis de abstinencia.
En el barrio San Miguel, la historia se repitió con crueldad cuando Ángel Gabriel Aliende, un hombre en situación de calle, terminó hospitalizado en estado grave tras ser acuchillado por otro consumidor conocido en la zona con el alias de «Pato». Mientras tanto, en los alrededores del Mercado de Abasto Municipal, una plaza pública que debería estar llena de niños jugando se ha convertido en un escenario continuo de riñas sangrientas a plena luz del día.
Los populares «chespis», atrapados en las garras implacables del crack, vagan como sombras perdidas por las calles, multiplicándose sin pausa. En Ciudad del Este ya existen al menos tres epicentros consolidados del microtráfico donde el Estado parece haber arriado su bandera. Uno de los puntos más críticos late impune en el Parque Verde Municipal, ubicado estratégicamente detrás de un concurrido shopping en el kilómetro 1. Allí, una docena de jóvenes vulnerables levantó un precario campamento en pleno espacio público, transformándolo en su base de operaciones para mendigar o salir a cometer robos desesperados.
Muestra de esta espiral es el caso de Raúl Alcides Velázquez Ramírez y Yamil Alcides Velázquez Mercado, dos hombres con un abultado historial delictivo que no dudaron en desvalijar un salón velatorio para llevarse electrodomésticos, los cuales terminaron escondidos entre los matorrales del emblemático Lago de la República. Otros focos de zozobra arden con la misma intensidad en la excantera del barrio Pablo Rojas y bajo los cables de alta tensión de la ANDE en el barrio San José.
Detrás de cada dosis vendida hay una tragedia humana que destroza familias enteras en el silencio más absoluto. El sacerdote Fulgencio Ferreira, representante de la Pastoral de Prevención, Espiritualidad y Tratamiento (Papetra), conoce de cerca las llagas de este drama. Tras doce largos años de prédica, perseverancia y esfuerzo comunitario, logró hacer realidad el Centro de Deshabituación en Ciudad del Este, donde hoy celebran con emoción contenida la victoria de las primeras cuatro personas que lograron completar su tratamiento de rehabilitación biosicosocial. El religioso explica con dolor que en las comunidades golpeadas se han tejido dos realidades profundamente fracturadas: por un lado, la masa de jóvenes quebrados por el consumo; por el otro, una estructura delictiva implacable que se alimenta del narcomenudeo para engordar sus arcas a costa del sufrimiento ajeno.
La respuesta del sistema estatal ante esta catástrofe social roza la desidia y el abandono. La fiscal Estela Mary Ramírez, integrante de las unidades de Violencia Familiar en Ciudad del Este, revela datos escalofriantes: cerca del 30% de los casos de agresión intrafamiliar que investigan son perpetrados por personas adictas a los estupefacientes. Sin embargo, cuando los agentes del orden o los fiscales intentan buscar soluciones concretas, se chocan de frente contra una pared insuperable: en todo el Este del país no existe un solo centro público de desintoxicación. Las unidades de salud mental del Ministerio de Salud están colapsadas y desbordadas, mientras que los tratamientos en clínicas privadas resultan un lujo inalcanzable para las familias humildes, con consultas que superan los 400.000 guaraníes por sesión. Sin camas hospitalarias donde contener a las víctimas de las adicciones ni una presencia policial permanente que garantice la paz, las órdenes judiciales se vuelven papeles mojados, dejando a los barrios a la deriva, sumidos en una espiral de angustia, balas y droga que amenaza con consumir por completo al Este del país.
Fuente: Ultima Hora
