Diez meses han transcurrido desde que la Justicia ratificó la condena a tres años y ocho meses de cárcel para Hilario Adorno, exintendente de Puerto Casado y referente del cartismo. Sin embargo, lejos de estar tras las rejas, el político continúa caminando en absoluta libertad, beneficiado por la conocida mora del sistema judicial y por una serie de maniobras que le han permitido esquivar la prisión.
El origen de la causa se remonta a la denuncia presentada por ocho concejales municipales, quienes sacaron a la luz un insólito uso de fondos públicos: Adorno utilizó dinero de las arcas de la Municipalidad de Puerto Casado para pagar la cuota de su camioneta particular, una Mitsubishi L200 modelo 2022 que figuraba a su nombre.
El proceso estuvo marcado desde el principio por influencias y giros llamativos. La causa fue investigada e impulsada originariamente por el fiscal Joel Cazal, pero el denominado «clan Adorno» —encabezado también por el diputado Domingo «Mino» Adorno, hermano del condenado— logró apartarlo. En su reemplazo ingresó la fiscala Teresilde Fernández, afín a la familia, quien solicitó una pena de apenas dos años de prisión, una maniobra pensada para evitar que el jefe municipal pisara la cárcel mediante la suspensión condicional de la pena.
A pesar de ese beneficio intentado por la propia Fiscalía, el tribunal decidió imponer una pena de casi cuatro años de penitenciaría, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelación en octubre de 2025.
Ante el inminente ingreso a prisión, la defensa del exjefe municipal recurrió a la última carta: una acción de inconstitucionalidad promovida a finales de ese mismo mes. En diciembre de 2025, los ministros de la Corte Suprema de Justicia —Víctor Ríos, Gustavo Santander Dans y César Diesel— admitieron el recurso para su estudio. Desde entonces, el expediente permanece paralizado en los despachos judiciales sin una resolución final, garantizando que un condenado por corrupción siga en libertad.
Fuente: ABC Digital
