Hoy se conmemora el Día del Trabajador, pero la política en el Paraguay gira en torno a un patrón guasu, quien desde que hizo su entrada a la arena política, siempre la usó para su protección y la pervirtió a tal punto de usarla a su completo servicio.
#Editorial
Hay momentos en que el deterioro institucional de un país se vuelve tan evidente que ni el protocolo ni el maquillaje político pueden ocultarlo. Paraguay atraviesa uno de esos momentos. Y lo hace bajo una verdad tan cruda como inocultable: estamos gobernados por un presidente sin poder real, subordinado a un patrón señalado por corrupción. La República, literalmente, está de rodillas.
Horacio Cartes, expresidente y declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de los Estados Unidos, ha conseguido lo impensable: que el Estado paraguayo funcione como su escudo personal, su operador diplomático, su plataforma internacional de defensa. Todo esto lo hace a través de Santiago Peña, hoy presidente del país, su pupilo político, y emisario privilegiado por su posición de presidente del Paraguay.
Vemos con suma preocupación que la política exterior ya no responde al interés nacional. Está dirigida, casi exclusivamente, a gestionar indulgencias para Cartes. Cada viaje, cada agenda “reservada”, cada encuentro fuera del país lleva implícita la misión de restablecer vínculos rotos por las sanciones internacionales. No hay transparencia, ni siquiera la agenda oficial es compartida y el secretismo en estas situaciones no es buena consejera. Además de ello, no hemos visto el beneficio concreto para la República. Solo un uso y abuso del aparato estatal para defender al hombre que sigue manejando los hilos del poder sin tener un cargo en el gobierno.
Y como si eso no bastara, se ha instalado una peligrosa práctica: la priorización de encuentros con grupos inversores de bancas privadas, entregas de premios sin relevancia pública y escenificaciones que solo sirven para inflar el ego del presidente o lavar el rostro del patrón. Son gestos estériles, vacíos, alejados por completo del interés general de la ciudadanía. Mientras miles de paraguayos sufren la precariedad en salud, educación y empleo, el gobierno prefiere invertir tiempo y recursos millonarios en reuniones y viajes que no generan impacto alguno para la gente.
Las omisiones también delatan. En medio de un momento histórico para el mundo católico, Santiago Peña decidió no asistir al funeral del papa Francisco, líder espiritual de millones de paraguayos. Mientras jefes de Estado de todo el mundo se hicieron presentes en Roma para rendirle homenaje, Peña optó por mirar hacia otro lado. La crítica fue inmediata y generalizada. Pero el trasfondo fue claro: su prioridad era mantener gestiones en Estados Unidos.
El mensaje fue inequívoco: ni siquiera la figura del Papa mereció mayor atención que la causa del patrón.
Y ahora, una nueva línea roja podría cruzarse. Según fuentes de Cancillería, el gobierno paraguayo estaría sondeando el pedido de placet para nombrar a un senador como embajador ante los Estados Unidos a un hombre del círculo íntimo de Cartes. Si esta maniobra se concreta, no solo se habrá degradado por completo la representación diplomática nacional, sino que se institucionalizará la sumisión total: nuestra embajada más estratégica quedará al servicio de un sancionado.
A este sometimiento exterior se suma una gestión interna cada vez más sospechosa. Peña, que prometía renovación y eficiencia, ha adoptado en tiempo récord los vicios de la vieja política: licitaciones amañadas, favoritismo empresarial, discrecionalidad en el uso de fondos públicos. Pero en su caso, con un agravante: no solo es corrupción, es obediencia. Porque el poder real no lo ejerce él, sino quien lo designó.
Frente a este escenario, la ciudadanía debe hacerse cargo de una pregunta urgente: ¿cuánta dignidad institucional estamos dispuestos a seguir cediendo? ¿Hasta dónde permitiremos que la estructura del Estado se use como instrumento de defensa personal de una persona?
Esto ya no se trata de ideología. Se trata de la República. Se trata de comprender que cuando los intereses de un sancionado se anteponen a la figura del Papa, a las embajadas, a las necesidades del pueblo y al sentido común, ya no hay gobierno; hay vasallaje y esto es sumamente peligroso para nuestra democracia.
