En un escenario que desafía cualquier principio de institucionalidad, el exdiputado colorado Miguel Cuevas, sentenciado a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito, se pasea con total soltura en actos políticos mientras su condena permanece suspendida en el limbo judicial. Lejos de la discreción que exigiría su situación procesal, Cuevas fue captado recientemente en Sapucai operando activamente para la campaña de su hijo a la Intendencia de Sapucai.
Esta aparición pública no es un simple acto proselitista; representa un mensaje de blindaje político enviado directamente a las máximas instancias judiciales del país. Mientras la ciudadanía espera que se ejecute la sentencia de un hombre que no pudo justificar su patrimonio, la cúpula del poder le otorga una validación visual que huele a impunidad.
En Paraguay, lo que en cualquier nación con Estado de Derecho sería un escándalo de proporciones renunciables, hoy se presenta como una postal más de la «normalidad» política, dejando a la Corte Suprema de Justicia bajo la sombra de una presión política que parece inquebrantable.
Fuente: Hector Alegre
