La exjueza Tania Irún debe enfrentar juicio oral por prevaricato, tras haber ordenado la titulación de 310.000 hectáreas en zona de seguridad fronteriza a favor de empresas vinculadas a paraísos fiscales. La acusación sostiene que el caso reúne los elementos para aplicar la pena máxima.
La exmagistrada civil y comercial de Asunción, Tania Irún, enfrentará un juicio oral y público luego de que la Justicia confirmara por segunda vez la elevación de la causa por prevaricato.
La investigación se centra en la resolución con la que dispuso la titulación de 310.000 hectáreas ubicadas dentro de la franja de seguridad fronteriza, otorgadas a cuatro sociedades anónimas con sede en territorios offshore.
El abogado Francisco De Vargas, representante de la Asociación Espíritu Santo – parte afectada en el litigio-, calificó la decisión como un daño institucional de gran magnitud. “Y yo considero que el tipo penal de prevaricato habla de que en casos graves la pena podrá ser de hasta 10 años y acá estamos hablando de un caso grave, porque esta jueza ordenó la titulación de 310.000 hectáreas, que son muchísimo, que están en la zona de seguridad fronteriza protegida por Ley”, afirmó.
Para dimensionar el alcance de la acusación, De Vargas explicó en qué consiste el tipo penal. “El prevaricato es una figura penal que está prevista para los magistrados, para jueces, en el caso de que estos resuelvan cuestiones en contra del derecho y dolosamente. Hablando mal y pronto, cuando los jueces conocen que tienen que hacer algo porque les obliga la ley, sin embargo, no lo hacen por intereses ajenos a la causa”, expresó.
Al ser consultado sobre el riesgo de que el caso quede sin sanción y la situación se repita, De Vargas fue categórico: “Pero por supuesto, estamos hablando de una causa gravísima”.
El abogado señaló que la resolución de Irún vulneró disposiciones expresas de la Ley de Seguridad Fronteriza, que impide titular tierras a ciudadanos de países limítrofes o a sociedades sin acciones nominativas.
Añadió que dentro de las superficies incluidas se encontraban 25.000 hectáreas previamente donadas por ley al Estado paraguayo en la zona de Puerto Casado. “Ella obvió todo eso… es un caso en que está afectada la soberanía del territorio nacional”, remarcó.
De Vargas recordó además los votos de los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia en el proceso en el que finalmente Irún fue destituida. Sostuvo que ambos expusieron fundamentos sólidos respecto al alcance de la normativa vigente.
Sobre el voto de Benítez Riera, destacó que la ley “busca proteger todo lo que está a 50 km de la frontera, donde dispone claramente que esas tierras no pueden titularse a favor de empresas extranjeras. Y habla de que no pueden titularse a favor de empresas extranjeras cuyos socios sean, eh, por uno de países limítrofes, o que las empresas deben tener acciones nominativas y no endosables”.
Pese a esa prohibición, añadió, Irún “ordenó la titulación de 310.000 hectáreas a favor de cuatro sociedades anónimas cuyos socios no conocemos porque son acciones no nominables y encima otra vez paraísos fiscales como Chipre, Islas Vírgenes. Desconociendo claramente el derecho, ordenó esa titulación de 310.000 hectáreas que están en la franja de seguridad fronteriza y que valen más de 500 millones de dólares”.
La exjueza fue destituida en 2021 por decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados @Jem_py. Posteriormente, fue imputada en enero de 2022 por la fiscal Natalia Fuster y acusada en julio de 2024 por la fiscal adjunta Soledad Machuca. En abril de 2025, el juez Osmar Legal volvió a elevar la causa a juicio, confirmando que existe mérito para que el caso sea analizado en debate oral.
Irún enfrenta ahora la posibilidad de recibir hasta 10 años de prisión, el máximo previsto para el delito de prevaricato.
