La agente fiscal María Angélica Insaurralde habría actuado obviando informes de la Dirección General de los Registros Públicos y del Servicio Nacional de Catastro para imputar a la abogada Michelle Byun y a seis directivos de la Asociación Espíritu Santo. Así lo explicó el representante legal de la asociación, Francisco de Vargas.
“Es una imputación sin sustento, sin indicios, sin elementos fácticos que la sostengan. Es una imputación temeraria. Lo que está haciendo la fiscal Insaurralde, desde mi punto de vista, puede configurar mal desempeño de funciones”, comenzó señalando De Vargas.
Explicó que la representante del @MinPublicoPy imputó a directivos de la Asociación Espíritu Santo y a Byun en el marco de una denuncia presentada a finales del año pasado por el abogado Esteban Sarubbi, quien —según relató— “en palabras más, palabras menos, lo que dice en su denuncia es que la Asociación Espíritu Santo está desde 2024 transfiriendo inmuebles a su abogada Michelle Byun y que por eso él no está pudiendo embargar lo que un juez ordenó en el marco de un juicio de regulación de honorarios”.
El reclamo de honorarios se da en el expediente principal “Cusabo Limited y otros s/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ Cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, donde cuatro empresas offshore, radicadas en paraísos fiscales, reclaman 310.000 hectáreas de tierras —valuadas en unos USD 500 millones— a cambio de un supuesto préstamo de USD 15 millones que la Asociación habría realizado a empresas uruguayas.
De Vargas explicó que el juez Heinrich Fabián von Lücken ordenó un embargo de USD 1,5 millones sobre bienes de la Asociación Espíritu Santo como consecuencia de la acción presentada a finales del año pasado por el Abg. Sarubbi. Añadió que este último acudió a la Fiscalía alegando que no se podían embargar los bienes de la Asociación. “Es cierto que la Asociación ha transferido bienes a su abogada, pero lo ha hecho en concepto de honorarios profesionales, porque no puede pagarle y no tiene disponibilidad de efectivo. Además, esa decisión fue tomada por la asamblea antes de que este abogado inicie su juicio de regulación de honorarios”, aclaró De Vargas.
En el marco de esa denuncia, la fiscal Insaurralde solicitó informes a la Dirección General de los Registros Públicos para determinar si la Asociación aún contaba con bienes a su nombre. “Y Registros Públicos informó que la Asociación Espíritu Santo todavía tiene a su nombre 38 inmuebles, cuyas superficies sumadas superan las 230.000 hectáreas en el territorio nacional y cuyo valor es muy superior a los USD 1,5 millones”, agregó el abogado.
Francisco de Vargas además que dichos informes, que obran en la carpeta fiscal, constituyen elementos suficientes para desestimar la denuncia. Registros Públicos informó que solo una de las 38 fincas, la número 347, cuenta con 3.704 hectáreas y sigue estando a nombre de la Asociación, según los documentos oficiales.
Finalmente, para cuestionar aún más el trabajo de la Fiscalía, De Vargas señaló que los informes del oficial de justicia indican que no se pudo realizar el embargo solicitado por Sarubbi para regular sus honorarios debido a errores materiales en los mandamientos de embargo, como “errores de tipeo”, falta de fecha y equivocaciones en el número de resolución, entre otros. Uno de ellos justamente el de la finca 347. “Esos errores no pueden ser jamás una circunstancia atribuible a los denunciados —la abogada Byun y los miembros de la Asociación Espíritu Santo—. Al contrario, es una situación que los exculpa. Sin embargo, la fiscal Insaurralde formula imputación contra Michelle Byun y otros 6 miembros de la junta directiva de la Asociación. Esto es gravísimo. Roza el hecho punible de persecución de inocentes”, sentenció De Vargas.
