El retraso en el cumplimiento de las obligaciones financieras por parte del Estado ha encendido las alarmas en el sector económico, tras revelarse que la morosidad estatal sobre una deuda total de USD 1.500 millones durante el año 2025 generó un sobrecosto superior a los USD 200 millones. Esta alarmante cifra fue expuesta por el economista Sergio Sapena, quien analizó el severo impacto que este diferimiento representa para los proveedores y la estructura financiera del país, advirtiendo que, hasta la fecha, ninguna autoridad ni estamento ha asumido la responsabilidad por el millonario perjuicio patrimonial.
De acuerdo con el análisis del especialista, la actual estrategia de la administración financiera del Gobierno central incurre en un error de cálculo que castiga directamente el dinamismo del mercado interno. Sapena identificó tres efectos marcadamente negativos derivados de esta parálisis en los pagos. El primero de ellos se manifiesta en una drástica reducción de la circulación de dinero y, por consiguiente, en un freno al crecimiento económico general. El segundo golpe estructural afecta directamente la competitividad del sector privado y el bienestar familiar, al elevarse la prima de riesgo país, lo que empujó las tasas de interés de referencia del 12% al 15%.
El tercer pilar adverso impacta de forma directa en las arcas públicas. Al postergar el compromiso original de USD 1.500 millones, el Estado se ve obligado a desembolsar los citados USD 200 millones adicionales en concepto de recargos e intereses moratorios. El economista sostiene que este triple escenario recesivo se habría evitado con una flexibilización de las metas fiscales, sugiriendo que permitir un incremento temporal del déficit fiscal hasta el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) habría dotado al Ejecutivo de los recursos necesarios para saldar las obligaciones a tiempo, extinguiendo el sobrecosto.
En la actualidad, la Ley de Responsabilidad Fiscal fija un límite máximo equivalente al 1,5% del PIB, un margen severamente restrictivo que maniata la capacidad de maniobra oficial ante la acumulación de deudas históricas. Mientras el debate sobre la ampliación del déficit toma fuerza como una salida de emergencia para frenar el daño patrimonial, los desembolsos reales avanzan a cuentagotas. Hasta el momento, el Gobierno sólo ha transferido USD 85 millones de una deuda vial superior a los USD 300 millones con constructoras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y apenas USD 100 millones de un pasivo que ronda los USD 1.000 millones con las empresas proveedoras de la industria farmacéutica.
Esta marcada asimetría entre las obligaciones devengadas y los pagos efectivos perpetúa el encarecimiento del crédito y resiente las cadenas de suministro esenciales. Ante la ausencia de mecanismos internos de rendición de cuentas dentro del aparato estatal por la gestión de la mora, Sapena concluye con una dura advertencia sobre el destino final de estos sobrecostos: ante la falta de responsables institucionales que absorban el impacto de una gestión financiera que califica de equivocada, el millonario perjuicio económico termina siendo trasladado de forma directa e inevitable a las espaldas del contribuyente.
