Bajo el manto de una administración que parece confundir el patrimonio público con un árbol genealógico, la Gobernación de Concepción se habría convertido en el epicentro de una red de nepotismo y favores políticos que escandaliza a la ciudadanía.
Datos exclusivos obtenidos de fuentes internas de la institución, quienes exigen el anonimato ante el fundado temor a represalias, revelan cómo la gobernadora Liz Meza habría erigido una estructura donde los apellidos Meza, Díaz, Rivas y Fernández se repiten con una frecuencia alarmante en las planillas estatales.
El círculo íntimo comienza con sus propios hermanos: Cristhian y Fany Meza, quien segun nuestras fuentes fueron designados en la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), sede Concepción; y Edison Meza, comisionado desde la Policía para su seguridad personal. Sin embargo, la influencia se extendería incluso al sistema educativo, denunciándose que el rubro de Fany habría sido extraído de la Escuela Bernardino Caballero, dejando presuntamente a niños sin un docente para privilegiar el cargo administrativo del hermano de la autoridad.
La «corte» de esta denominada realeza norteña no se detiene en los lazos de sangre directos, sino que abrazaría a parientes políticos y figuras del entorno social más cercano. Ana Fernández Rivas, sobrina del esposo de la gobernadora, estaría ocupando la Secretaría de Obras, mientras que la prima de la mandataria, Liza Rodríguez, lideraría la Secretaría de Agricultura, indicaron nuestras fuentes.
La familia política también estaría asegurando su espacio: la cuñada de la gobernadora, Dorvalina Díaz, es la Secretaria de Indígenas, y el padre de esta, Carlos Díaz, funge como encargado de Máquinas, señalaron los informantes. Esta telaraña de poder se extiendería a compromisos religiosos y sociales, donde «ahijados de boda» de la gobernadora, como Selva Bracho y Teresita Díaz, no solo ocupan puestos clave como la Secretaría de Despacho, sino que habrían sido beneficiadas en concursos del Ministerio de la Mujer, evidenciando un presunto esquema de tráfico de influencias que desvirtúa la meritocracia en el servicio público y asfixia las oportunidades de los profesionales concepcioneros sin conexiones en la cúpula departamental, lamentaron nuestras fuentes.
