El Dr. Oscar Latorre ha presentado el pedido formal a la fiscalía para que esta, desestime la causa que se le abriera al Vice Presidente Hugo Velázquez y a Juan Carlos Duarte, esto ante la orfandad de elementos probatorios contra los mencionados.
El exfiscal general del Estado, Oscar Latorre, expone en un escrito bastante extenso presentado ayer, que el Ministerio Público ha procedido a investigar los hechos expuestos y que pese a que la fiscalía ha desplegado múltiples diligencias no se pudo encontrar una sola evidencia que sustente lo expuesto por el Dpto. de Estado de los EE. UU.
Cabe recordar que dicha cartera de estado norteamericana, en fecha 12 de agosto de 2022, a través del embajador de los Estados Unidos de América en Paraguay Marc Ostfield, convocó a una conferencia de prensa en la cual manifestó: “El día de hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken anunció la designación del Vicepresidente Hugo Velázquez Moreno debido a su participación en actos de corrupción significativo incluido el ofrecimiento de soborno a un funcionario público y en la injerencia en los procesos públicos el anuncio del secretario también incluyó la designación de Juan Carlos “Charly” Duarte por su participación en los mismos hechos. El secretario de estado está haciendo esta designación ahora porque ha recibido información de la participación de Velázquez y Duarte en corrupción significativa. A pedido del vicepresidente Hugo Velázquez, Duarte, su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de un millón de dólares americanos a un oficial público. Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros».
Latorre destaca que no se ha encontrado una sola causa en la que el Vicepresidente de la República tenga un interés financiero y menos que Juan Carlos Duarte haya intentado sobornar a ningún funcionario público con un impensado 1 millón de dólares. No existen, la causa, el funcionario y menos los 1 millón de dólares por lo que el argumento de Outfield cae por su propio peso y hasta resulta risible que se ofrezca la friolera e improbable suma y que no se haya aceptado.
A ese respecto los fiscales han circularizado oficios pidiendo causas en las que esté aludido el segundo del ejecutivo así como el abogado Duarte y la respuesta fue negativa o sea no existe una sola causa que genere el hecho expuesto por el Embajador.
Tanto es así que el propio Dpto de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos contestaron el requerimiento de la fiscalía paraguaya y tampoco enviaron ningún dato respecto a las aseveraciones del embajador Oustfield a quien siquiera se puede llamar a declarar y menos decretar su detención si se negare por los fueros diplomáticos que posee. Se debe tener en cuenta que la respuesta del gobierno americano se dio con carácter conclusivo y que no tienen más nada que responder respecto al hecho o sea ya no podrán enviar ningún documento en el futuro, sencillamente porque no los tienen.
Latorre finaliza diciendo que la respuesta conclusiva del gobierno americano debe posibilitar la desestimación de la causa porque es imposible proseguir con la investigación fiscal y se llega a la conclusión de que el hecho punible no ocurrió y existe un obstáculo legal para proseguir con esta investigación.
Consultados algunos fiscales que pidieron reserva de sus nombres respondieron; que no hay un solo elemento que incrimine a Velázquez ni a Duarte y que la propia gente de la “Embajada” comentaron que no hay absolutamente nada que pueda ser relevante en la causa y así respondió el Gobierno de USA y que esta designación se dio por presiones políticas del propio gobierno paraguayo para sacarlo de la carrera presidencial al Vicepresidente y poner en su reemplazo a Arnoldo Wiens, a quien creían mucho más manejable que Velázquez, a pesar que este último tenía muchas chances de ser el candidato vencedor de las internas.
Ahora queda en manos de los fiscales decidir sobre este pedido que a todas luces es una forma de hacer justicia por estas 2 personas acusadas injustamente por el Embajador y contra quienes no se ha presentado prueba alguna.
