El extitular de Petropar Eddie Jara, se encuentra hoy en abierta infracción a la Ley 5033/13 tras haber omitido la presentación de su declaración jurada de bienes al abandonar el cargo. Pese a que la normativa establece un plazo perentorio de quince días hábiles para transparentar el patrimonio tras el cese de funciones, el exfuncionario del gobierno de Santiago Peña dejó vencer el cronograma legal el pasado 31 de marzo.
A la fecha, el portal de la Contraloria General de la República (CGR) no registra rastro alguno de la documentación requerida, lo que deja a Jara expuesto a multas millonarias que podrían alcanzar el 80% de su última dieta presupuestada, según los alcances de la Ley 6919/2022.
La salida de Jara de la petrolera estatal, producida el 10 de marzo de 2026, estuvo marcada por una fuerte exposición pública debido a sus ostentaciones junto a su pareja, la diputada Johana Vega, y el controvertido acuerdo con la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al entorno del presidente de la Conmebol. Sin embargo, la mayor presión sobre el exfuncionario no es administrativa, sino judicial. Un exhaustivo informe de 170 páginas ya fue remitido al Ministerio Público detallando un descalce financiero en su patrimonio que oscila entre los G. 1.135 millones y los G. 1.549 millones, detectado en el periodo comprendido entre septiembre de 2023 y noviembre de 2025.
La auditoría de la Contraloría analizó dos escenarios sobre las finanzas de Jara tras sus intentos por justificar egresos superiores a los G. 8.825 millones en conceptos de préstamos, vehículos y tarjetas. En el primer análisis, el déficit alcanzó los G. 1.549 millones al incluir supuestos cobros en efectivo por préstamos a terceros. En el segundo escenario, el desfasaje se fijó en G. 1.135 millones, incluso luego de que el exfuncionario intentara validar G. 413 millones mediante recibos comunes sin respaldo bancario ni certificación legal.
En ambos casos, los técnicos confirmaron que los movimientos de dinero se realizaron fuera del sistema financiero, eliminando cualquier posibilidad de trazabilidad y consolidando las sospechas sobre la legitimidad de su crecimiento patrimonial.
Fuente: ABC Digital
