#Editorial
En todo el mundo y en el Paraguay en particular, el dólar ha bajado de forma significativa en las últimas semanas: de G. 7.900 a G. 7.200. Una caída de 700 guaraníes que, en teoría, debería reflejarse en el precio de todo aquello que está vinculado al tipo de cambio: alimentos importados, electrodomésticos, tecnología, combustibles, medicamentos, vestimenta, etc.
Sin embargo, en la práctica, los precios siguen igual o incluso suben, algo totalmente ilógico e irracional; es por eso que la ciudadanía, con justa causa, se pregunta: ¿para qué sirve que baje el dólar si nada baja en el supermercado o en el comercio, ergo, la canasta básica está por las nubes?
Una de las respuestas más incómodas está en el modelo de consumo actual, cada vez más condicionado por los llamativos convenios de reintegros entre bancos y comercios. Estos esquemas, que se presentan como promociones, son en realidad un blindaje perfecto para que los precios nunca bajen y nadie pierda —salvo el consumidor desprevenido.
¿Cómo funciona? El comercio infla el precio del producto, y el banco “devuelve” luego un porcentaje mediante un reintegro. Pero ese porcentaje ya está calculado, inflado y asumido como parte del margen. Es decir, el precio sin reintegro es abusivo, y el precio con reintegro apenas se acerca al valor real que debería tener el producto, esto es, si se aplicara el tipo de cambio actual.
En este esquema, tanto el banco como el comercio ganan siempre; por ende, la competencia honesta desaparece. El cliente queda atrapado en un sistema donde cree estar recibiendo un beneficio, pero en realidad está aceptando pagar un precio inflado disfrazado de “descuento”.
Mientras tanto, el dólar cae 700 guaraníes, y nadie ajusta sus precios, porque el modelo ya no se rige por la lógica del mercado, sino por la lógica de la ganancia protegida. En países con reglas más claras, las variaciones del dólar impactan en la economía doméstica; aquí, en cambio, el consumidor se convierte en rehén de un sistema financiero y comercial que opera con total impunidad.
Es aquí donde el Estado Social de Derecho no puede ser una declaración decorativa, ni una letra muerta en los discursos. Si de verdad nos concebimos como un Estado que prioriza el bienestar general por sobre los abusos del mercado, entonces el Estado debe dejar el abstencionismo y asumir su rol regulador, protector y activo frente a estas prácticas desleales.
No intervenir es convalidar el atropello cotidiano al bolsillo de millones de paraguayos.
La baja del dólar no se siente en el bolsillo porque hay actores que se quedan con esa diferencia, y si el Estado no interviene, entonces no es el mercado el que nos oprime, es la indiferencia institucional la que nos condena.
