El Ministerio Público de Hernandarias, bajo la representación de la agente fiscal Natalia Montania Sartorio, ha solicitado la desestimación de la denuncia en la causa N.º 2358/24 contra directivos del grupo ADAMA, marcando un cambio radical frente a la postura inicial de la institución. El caso, que comenzó con una denuncia por supuesta estafa, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, involucra a altos ejecutivos vinculados al Grupo Syngenta tras la adquisición del 51% de las acciones de la firma local FNV S.A..
Según la hipótesis original de la fiscalía presentada el 2 de julio de 2025, existía una «estrategia deliberada de manipulación» financiera destinada a reducir artificialmente el valor del 49% restante de las acciones, las cuales pertenecen a socios minoritarios paraguayos y cuyo precio de compra dependía de los resultados del EBITDA.
La controversia actual radica en que la fiscal Montania, quien inicialmente describió maniobras de incremento artificial de costos operativos y manipulación de precios de transferencia en favor de la matriz extranjera, sostiene ahora que los hechos carecen de relevancia penal y deben tratarse como un conflicto meramente societario. Este cambio de criterio se produce tras una decisión de la Cámara de Apelaciones que solicitó precisar las conductas individuales de cada imputado, requerimiento que no fue cumplido antes de solicitar el cierre del caso el pasado 15 de abril de 2026.
Llama la atención que el pedido de desestimación parece relegar elementos técnicos que inicialmente fueron considerados críticos, como una brecha superior a los USD 7,7 millones entre los estados financieros locales y los reportes internos del grupo. Asimismo, se advierte una valoración selectiva de las pericias contables, omitiendo profundizar en si los fondos de la empresa fueron desviados hacia entidades del grupo en otras jurisdicciones. Mientras la fiscalía enfatiza el crecimiento patrimonial de la empresa como argumento exculpatorio, la querella sostiene que dicho crecimiento no descarta la existencia de prácticas ilegales que afectan tanto a los accionistas minoritarios como a la base imponible del Estado.
Fuente: Radio 1000 AM
