La profesora Alicia Ortiz González, con 26 años de servicio en el aula, se encuentra sumergida en una angustiante espera que ya supera el año de trámites institucionales. Pese a haber cumplido con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación y Ciencias, su expediente permanece estancado en el Ministerio de Economía y Finanzas sin una resolución favorable.
Esta demora administrativa ha dejado a la docente en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que tanto ella como su hija enfrentan cuadros de salud de alta gravedad que requieren atención inmediata y recursos económicos estables.
El drama familiar se intensifica debido a que la hija de la educadora padece una enfermedad que exige cuidados las 24 horas del día, según consta en los informes médicos. Actualmente, la docente y su esposo deben cumplir con sus horarios laborales, dejando a la menor sin el acompañamiento necesario durante gran parte de la jornada.
A esta crisis se suma el deterioro físico de la propia profesora Ortiz, quien cuenta con un diagnóstico médico severo y tiene pendientes estudios diagnósticos de complejidad, como una colonoscopia, que no ha podido concretar debido a la incertidumbre de su situación laboral y previsional.
El caso de la docente, quien se desempeña en una escuela pública de San Lorenzo, no es un hecho aislado. Su situación refleja la realidad de miles de educadores del sector público que se encuentran en una «lista de espera» indefinida, atrapados entre la burocracia del MEC y la falta de gestión en el MEF. Mientras las autoridades dilatan las desvinculaciones y las resoluciones finales, los maestros deben seguir asistiendo a las aulas a pesar de sus problemas de salud o sus años de servicio cumplidos, evidenciando una crisis administrativa que vulnera derechos humanos fundamentales y la dignidad de quienes dedicaron su vida a la educación.
Fuente: ABC Digital
