#Editorial
El 2025 no será recordado como un año de avances institucionales en materia de lucha contra la corrupción; será recordado como el año en que este combate volvió a perderse, no por presiones externas ni por factores heredados, sino desde el corazón mismo del Poder Ejecutivo, cuyo titular incluso fue salpicado.
La responsabilidad política recae de manera directa e ineludible en Santiago Peña y en Pedro Alliana como cabezas del ejecutivo, no por omisión aislada, sino por un patrón reiterado de tolerancia, encubrimiento y manejo superficial de escándalos que salpicaron a ministros, altos funcionarios y áreas sensibles del gobierno y a ellos mismos.
Durante este año, los casos de corrupción no fueron una sorpresa, fueron una constante. Licitaciones cuestionadas, compras públicas dudosas, programas sociales bajo sospecha y episodios emblemáticos —como el escándalo de los pupitres de oro de la Itaipú— que expusieron ineficiencia, sobrecostos, una alarmante falta de control y ganancias para los amigos del poder, en detrimento de la industria nacional.
Frente a ello, la respuesta oficial fue siempre la misma: minimizar el hecho, callarse y, lo que es peor, sin tener respuestas reales desde el órgano punitivo del Estado, la Fiscalía General del Estado.
El problema no es solo que haya ministros salpicados, la dialéctica es que nadie cayó, tampoco se asumió responsabilidad política, pues nadie fue separado con la firmeza que la situación exigía.
El mensaje fue claro: mientras haya alineamiento político, la corrupción es administrable y los amigos recaudadores estarán a salvo en los cargos.
El Presidente, que pintaba bien, que prometió gestión técnica y ruptura con las viejas prácticas, terminó prisionero de su propio gabinete y de su propia angurria. Y el vicepresidente, lejos de marcar un contrapeso, acompañó con silencio, tibieza y complicidad, y ya en ese contexto, el discurso anticorrupción perdió toda credibilidad.
No es casual que, dentro del oficialismo, comenzaran a escucharse conversaciones prematuras sobre alternativas presidenciales, incluyendo referencias al ámbito privado productivo y gremial. Cuando un gobierno aún en funciones y a medio camino ya genera rumores de reemplazo, no es por ambición ajena; es por debilidad propia.
Y no es de extrañar que, gracias a esta coyuntura, donde es evidente que nuestras principales autoridades estén señalados por hechos de corrupción por un modo de recaudación salvaje, ciertos liderazgos históricos tomaran un poco de distancia del rumbo actual, precisamente por el desgaste que provoca un Ejecutivo que no logra ordenar su casa y no rectifica actuar, sino que los ahonda sin cambios significativos.
En el 2025, el combate a la corrupción no fracasó por falta de herramientas legales, fracasó por falta de conducción, por exceso de complacencia y por la decisión política de no incomodar a los propios.
Cuando el poder protege a los suyos, la corrupción deja de ser un desvío y pasa a ser una forma de gobierno. Y ese es el punto más grave de este año que termina: la normalización del escándalo y la resignación oficial frente a lo inaceptable.
La ciudadanía observa, el desgaste es real y palpable, propios y extraños lo apuntan, y la pregunta ya no es si el año que se va fue un tiempo perdido en la lucha contra la corrupción.
La pregunta es cuánto más puede resistir un gobierno que prometió cambios y terminó ofreciendo excusas y nuevos ricos.
