El abogado Francisco de Vargas, representante de la Asociación Espíritu Santo, solicitó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, la realización de una auditoría de gestión sobre la actuación de la agente fiscal María Angélica Insaurralde en la causa caratulada “Michelle Young Byun y otros s/ frustración de la persecución individual y otro”.
La presentación sostiene que la fiscala incurrió en supuestas irregularidades y omisiones al imputar a siete personas vinculadas a la organización religiosa. Entre los cuestionamientos planteados por la defensa figuran la presunta violación del principio de objetividad, inexistencia de lesión patrimonial, imputación genérica sin individualización de conductas, inexistencia de crédito líquido y vulneración del derecho a la defensa.
“Se han tratado de hacer intentos que han sido fallidos, de embargo, digo, porque los mandamientos fueron mal hechos, porque no pusieron las fechas y los números de resoluciones y eso no se le puede atribuir a los que hoy día están imputados En síntesis, no hay base para que se haya hecho esta imputación. Lo único que hay es elemento para desestimar la denuncia hecha por Esteban Sarubbi y sin embargo la fiscal ha hecho todo lo contrario”, afirmó De Vargas.
La causa se originó a partir de una denuncia que sostiene que la organización religiosa supuestamente habría transferido inmuebles a su abogada desde el 2024, lo que habría impedido la ejecución de un embargo ordenado en el marco de un proceso de regulación de honorarios profesionales.
Sin embargo, la defensa sostiene que las transferencias existieron como forma de pago de honorarios ante la falta de liquidez de la institución. Además, argumenta que la dación en pago —elemento central del caso— fue decidida antes del inicio del juicio de regulación, lo que, según su postura, excluiría la existencia de dolo.
De Vargas añadió que, conforme a informes de la Dirección General de los Registros Públicos que obran en la propia carpeta fiscal, la Asociación Espíritu Santo mantiene a su nombre 38 inmuebles que abarcan más de 230.000 hectáreas en el territorio nacional, lo que —según indicó— garantizaría cualquier eventual crédito y descartaría la existencia de peligro patrimonial.
Entre los bienes cuya traba de embargo fue solicitada se encuentran inmuebles ubicados en Puerto Pinasco, Puerto Casado y el Chaco, identificados con distintas matrículas y padrones, entre ellos la Matrícula P04-184 (Padrón 556), la Finca 5.892 (Padrón 68), la Matrícula 347 (Padrón 1714) y la Matrícula P04-183 (Padrones 558 y 559), entre otros.
El abogado también cuestionó que la imputación haya alcanzado a siete personas en bloque, sin detallar acciones concretas atribuidas a cada una, y señaló que los procesados no fueron convocados previamente a declaración indagatoria.
Cabe recordar que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (@Jem_py) comunicó que analizará la apertura de una investigación preliminar sobre la actuación de la fiscala Insaurralde, tras publicaciones periodísticas que cuestionaron la imputación de seis directivos de la Asociación Espíritu Santo y de la abogada Michelle Byun.
