El conflicto societario que sacude al Shopping París en Ciudad del Este, uno de los centros comerciales más importantes de la Triple Frontera, sigue escalando entre severas acusaciones financieras y cuestionamientos al actuar de la justicia.
De acuerdo con la postura formulada por la familia Kim, la crisis interna de K&K Shopping’s S.A. no se originó en un único hecho, sino que es el resultado de una sucesión de desacuerdos acumulados, tensiones personales y decisiones controvertidas.
Entre las principales diferencias se destacan los desacuerdos personales entre Susana Hsiao Hua Wang y Kao Wang Lee, situación que generó un progresivo deterioro en la estructura accionaria. La familia Kim alega que ambos habrían promovido acciones premeditadas contrarias a los intereses de la empresa con el fin de polarizar a los socios y modificar el equilibrio interno. En medio de este escenario, se descubrió una operación comercial bajo sospecha que habría provocado la apropiación indebida o desvío de aproximadamente USD 6 millones en ingresos de la firma.
El presunto esquema involucra un espacio comercial dentro del shopping concedido bajo contrato de comodato a Susana Hsiao Hua Wang, el cual prohibía explícitamente el subarrendamiento. Pese a dicha restricción contractual, la propiedad habría sido subalquilada en julio de 2023 por medio de la firma JS Family Inmobiliaria S.A. —donde figuran como accionistas Susana Hsiao Hua Wang y Rosana Kao, también socias de K&K Shopping’s S.A.— a favor de Jian Yueqi. La familia Kim sostiene que este negocio aprovechó información privilegiada y que las ganancias generadas no ingresaron al patrimonio de K&K Shopping’s S.A. ni se repartieron entre los accionistas.
Averiguaciones internas por parte de la representación del centro comercial permitieron corroborar la existencia del contrato. Los Kim denuncian que, a raíz de este hallazgo, se desató una estrategia para restar importancia al perjuicio de los USD 6 millones y desviar el centro del debate hacia cuestionamientos sobre asambleas de accionistas de los años 2022 y 2023 que abordaron decisiones sobre rescate de capital, distribución de utilidades y aumentos de capital. Según la familia Kim, dichas decisiones se tomaron bajo los mismos estatutos y procedimientos legales utilizados históricamente por la sociedad.
Por otro lado, la defensa de los Kim cuestiona enfáticamente la actuación del Ministerio Público. En particular, critican la celeridad del agente fiscal Osvaldo Zaracho Romero, quien formuló una imputación catalogada como «meteórica» tan solo cinco días después de presentada la denuncia —ingresada un miércoles e imputada el lunes siguiente—, sin haber notificado ni convocado previamente a declarar a los involucrados, permitiendo que se enteraran del proceso a través de medios de comunicación y redes sociales. La familia argumenta que no existían razones de urgencia —tales como un asesinato, violación de menores, flagrancia o un allanamiento urgente— que justificaran omitir los criterios de bilateralidad regulados por el propio Ministerio Público antes de recurrir a la vía penal.
Hugo Nuñez, representante corporativo del Shopping París, remarcó que la administración, acuerdos comerciales e inversiones del complejo desde el año 2009 han estado bajo la responsabilidad directa de la familia Kim. En este periodo se llevaron a cabo importantes obras de infraestructura, mejoras de climatización, ventilación, seguridad, iluminación y estacionamiento, asumiendo los riesgos operativos mientras otros socios mantenían su participación sin aportar en igual medida al sostén financiero. Por su parte, Elizabeth Kim expresó que las acusaciones promovidas contra su entorno buscan desconocer años de trabajo e inversión para proteger la continuidad de la firma.
