El abogado Francisco de Vargas, representante legal de la Asociación del Espíritu Santo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos por los presuntos delitos de lavado de activos y evasión tributaria. La acusación involucra a once personas y una compleja red de empresas en una operación que habría desviado 310 mil hectáreas de tierras de la asociación en el Chaco paraguayo, con un valor estimado superior a los 300 millones de dólares.
Según el documento, el supuesto mecanismo delictivo se inició en 2008 cuando Hyun Jin Moon, también conocido como Preston Moon, hijo del fundador de la iglesia, habría promovido junto a directivos locales una supuesta simulación de asamblea general extraordinaria. Kiantar Betancourt supuestamente también aparece como parte de esa trama.
En esa reunión se habría aprobado ilegítimamente la dación en pago de las tierras para cancelar una supuesta deuda de 15 millones de dólares con la firma Victoria S.A., una deuda que, según la denuncia, nunca fue documentada ni reconocida contablemente. Las tierras, ubicadas en Puerto Casado, Puerto Pinasco y Fuerte Olimpo, habrían sido transferidas a cuatro empresas uruguayas, Madera Dura S.A., Altos Prismas S.A., Aires del Molino S.A. y Fuente Brillante S.A., representadas por Jesús González Losada.
Posteriormente, entre 2009 y 2013, esas empresas uruguayas cedieron los derechos sobre los inmuebles a sociedades offshore radicadas en Chipre e Islas Vírgenes Británicas como Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, según documento.
La denuncia destaca que estos contratos de cesión supuestamente se suscribieron en el extranjero y nunca se inscribieron en los registros públicos paraguayos ni se declararon ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, lo que habría ocasionado la omisión del pago de todos los tributos correspondientes a la transmisión de bienes inmuebles situados en Paraguay. Este esquema configuraría un presunto caso de evasión tributaria basado en el principio de territorialidad de la ley paraguaya, que grava los actos sobre bienes en el país independientemente del lugar de firma del contrato.
El supuesto lavado de activos se fundamenta en la conversión y transferencia de bienes que provendrían de hechos punibles previos como estafa y producción de documentos no auténticos.
Como respaldo, la denuncia incluye un informe de cooperación internacional de Chipre e Islas Vírgenes Británicas que advierte que las transferencias podrían configurar el delito de lavado de activos. La presentación de la Asociación ocurre luego de que otra entidad, la Fundación para el Desarrollo Sustentable de América del Norte y del Sur, denunciara el mismo caso ante la DNIT por evasión tributaria, estimando el valor de la operación en más de 300 millones de dólares, lo que la convertiría en una de las mayores maniobras de evasión registradas en el país.
El abogado denunciante solicitó la apertura de una investigación penal específica, diligencias ante organismos públicos y la adopción de medidas cautelares sobre los inmuebles para preservar el interés fiscal del Estado.
Los demás denunciados, además de Moon y Betancourt, son Gerónimo Amarilla Maciel, Diego Manuel Puente Yugovich, John Andrew Mowris English, Marciano Lorenzo Pessoa, Thomas Rutherford Field y Richard Perea, este último señalado como apoderado de las sociedades offshore en Paraguay.
