Desde el sector jurídico, un grupo de abogados manifiestó su profunda preocupación ante la propuesta del ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Garay Zucolillo, de suspender de forma masiva la matrícula de todos los profesionales procesados en el caso conocido como la “mafia de los pagarés”.
Esta medida, que pretende aplicarse mientras enfrentan el proceso penal, representaría la imposición de una sanción genérica sin el respaldo de un juicio previo ni un análisis exhaustivo de la responsabilidad individual. Como auxiliares de la justicia, advertieron que pretender un juicio colectivo de esta naturaleza viola principios constitucionales inalienables, tales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Recordaron que la matrícula profesional es un derecho adquirido que no puede ser cancelado ni suspendido en bloque y que cualquier sanción administrativa solo puede ser el resultado de un sumario donde se presenten pruebas específicas contra cada individuo.
Suspender matrículas de manera masiva sienta un precedente peligroso que desnaturaliza el debido proceso y debilita la seguridad jurídica del país. Por el contrario, respaldaldaron la postura del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, quien sostiene que cada situación debe analizarse de forma individual y conforme surjan los hechos, evitando particularizaciones arbitrarias.
La lucha necesaria contra la corrupción y la «mafia de los pagarés» no puede servir de excusa para atropellar las garantías fundamentales. El pleno de la Corte tiene la obligación de frenar estos atajos punitivos, pues si se admite la inhabilitación sin sumario previo, cualquier acusación futura bastará para dejar a un profesional sin su sustento, convirtiendo el remedio en un mal mayor para el Estado de Derecho, indicaron.
