La Fiscalía de Delitos Económicos, bajo la dirección del fiscal Néstor Coronel, aguarda una respuesta determinante por parte del banco Atlas sobre la inclusión del polémico “Punto 5” en el contrato de fideicomiso suscrito con el Instituto de Previsión Social (IPS).
Esta cláusula, denominada “Otros centros de salud”, es señalada como la pieza clave que permitió la dilapidación de más de G. 828.000 millones (aproximadamente USD 130 millones). Según los informes de la Auditoría Interna de la previsional, este apartado no figuraba en la proforma aprobada originalmente por el Consejo de Administración del IPS, sino que apareció en la versión final remitida por la entidad bancaria —propiedad del Grupo AZETA— para la firma definitiva en diciembre de 2017.
El desvío de estos fondos, que inicialmente debían financiar la construcción de cuatro hospitales críticos como el Hemato Oncológico, derivó en un «festival de desembolsos» para obras no presupuestadas, pagos de salarios e incluso tareas menores como poda de árboles, dejando infraestructuras vitales para pacientes oncológicos aún inconclusas tras nueve años.
La falta de evidencias documentales sobre la autorización de este cambio y la aparente ausencia de aprobación por parte de la Superintendencia de Bancos colocan a los directivos de la institución en una situación jurídica vulnerable.
Ante el silencio del banco frente a los requerimientos del Ministerio Público, crece la posibilidad de la apertura de una nueva causa penal que se sumaría a la imputación por presunto lavado de dinero que ya enfrenta el presidente de la entidad, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, en el marco del caso Conmebol.
Fuente: Tribuna Paraguaya
