La tragedia de un joven trabajador que perdió la mano en una empresa vinculada al programa «Hambre Cero» ha destapado una olla a presión en Luque que mezcla negligencia criminal con sospechas de financiamiento oscuro.
El relato del sociólogo y periodista Camilo Soares en sus redes pone el foco sobre una realidad escalofriante: el obrero accidentado llevaba apenas cinco días de labor, operaba sin contrato, sin seguro social (IPS) y sin la más mínima capacitación técnica. Sin embargo, ante la gravedad de la amputación, la respuesta oficial del entorno empresarial y político no fue la asunción de responsabilidad, sino el desgastado guion de la «persecución política».
El escándalo cobra una dimensión mucho más turbia al analizar las finanzas del candidato a intendente Hugo Farías. Resulta matemáticamente inexplicable que, con un salario declarado de apenas 6 millones de guaraníes, el político ostente un patrimonio millonario que no coincide con su realidad salarial.
En las calles de Luque el rumor es un secreto a voces: se habla de capitales de origen dudoso y conexiones que apuntan hacia el esquema de Ramón González Daher (RGD). La contradicción es ética y financiera; mientras el Clan Farías financia campañas electorales de despliegue faraónico, sus trabajadores operan en la más absoluta precariedad.
La pregunta que flota en el aire y que las autoridades no podrán ignorar por mucho tiempo es una sola: ¿Quién financia realmente este ascenso político mientras se derrama sangre obrera por falta de inversión en seguridad?
Cuando la opulencia de una candidatura choca de frente con la miseria laboral de sus propias empresas, los números dejan de ser contables para convertirse en evidencia de algo mucho más siniestro.
