La Asociación Espíritu Santo, representada por el abogado Francisco de Vargas, presentó un urgimiento ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se agilice el pedido de auditoría sobre la causa judicial que data del año 2014 caratulada la causa caratulada como «Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública» y donde está en litigio 310 mil hectáreas de tierras por valor de 500 millones de dólares. El escritofue ingresado este jueves.
La representación legal de la organización religiosa fundamenta su petición en la existencia de diversas irregularidades que se habrían suscitado a lo largo del proceso. Recordemos que la ex jueza Tania Irún, quien en el 2018 cedió las tierras a cuatro empresas offshores de paraísos fiscales (Islas Vírgenes Británicas y Chipre) fue destituida en el 2021 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por ese fallo.
Durante el análisis en el JEM, el ministro de la Corte Luis María Benitez Riera selañó que la exmagistrada Irún «inobservo los requerimientos de la ley 2532/05, al momento de decidir en la causa, lo que coloco una situación de peligro al estado en lo que hace a su seguridad territorial. En tanto que el ministro Manuel Ramírez Candia advirtió que la exjueza al momento de firmar la cesión a empresas de maletín «se encontraba de vacaciones, adelanta sus vacaciones, comunica tal cosa pero sin que la corte haya dado por finalizado ese periodo de vacaciones, tomó la decisión, por lo tanto, técnicamente no tenía competencia en ese momento del dictado de la resolución».
Según De Vargas, estas supuestas anomalías se originaron en la Primera Instancia y se extendieron tanto al Tribunal de Alzada como a la propia Corte Suprema de Justicia. El expediente se tramita actualmente en el Juzgado del Vigésimo Sexto Turno, bajo la responsabilidad del magistrado Heinrich Fabián Von Lucken.
En el texto presentado, el abogado De Vargas aclara además que la solicitud de auditoría no busca inicialmente atribuir conductas sancionables a un magistrado o auxiliar de justicia específico. El objetivo señalado es que, a través de la intervención técnica, se determinen primero las faltas cometidas para luego deslindar responsabilidades entre los sujetos que habrían contribuido a las mismas.
El escrito ante la máxima instancia judicial también recuerda la vigencia de declaraciones emitidas por el Congreso Nacional vinculadas al caso. Se menciona la Declaración N° 549 de la Cámara de Diputados y la N° 208 de la Cámara de Senadores. En dichos documentos, el Poder Legislativo exhorta a la Corte Suprema de Justicia a velar por una donación realizada por la asociación al Estado paraguayo bajo la Ley 3294/07.
Asimismo, los parlamentarios instaron a tomar acciones para evitar la presunta vulneración de la Ley 2532/05, que establece la Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay. Esta normativa establece en su artículo cuarto que serán nominativas y no endosables las acciones o títulos de las sociedades por acciones (…) de aquéllos que pretenden ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza. Esta situación no se dio, argumenta ya que las empresas offshore no están inscriptas en Paraguay y no se saben quiénes son sus poseedores.
Finalmente, el abogado de la Asociación Espíritu Santo justificó el urgimiento como una obligación procesal establecida en el Código de Procedimiento Civil, argumentando la necesidad de una respuesta a la solicitud de auditoría que fuera planteada originalmente el 18 de febrero de 2025.
