Una investigación de la Contraloría realizada en setiembre de 2026 expuso un grave descontrol en el registro y expedición de títulos universitarios dentro del Ministerio de Educación y Ciencias, una crisis de fiscalización que salpica de lleno a la gestión del ministro Luis Ramírez, en el cargo desde agosto de 2023.
El control fue motivado por la indignación social que provocó la condena a 8 años de prisión del exsenador Hernán Rivas por utilizar un título falso. La presión pública generó la creación de una comisión especial en el Senado y la intervención directa de los auditores en las plataformas del ente educativo, destapando irregularidades astronómicas.
Entre los hallazgos más escandalosos sobresale el cruce de datos entre el ministerio, el Departamento de Identificaciones de la Policia y la Dirección General del Registro del Estado Civil, donde se detectaron 7.373 registros irregulares que incluyen el uso de cédulas de identidad paraguayas vinculadas a ciudadanos extranjeros e incluso a personas fallecidas para validar carpetas académicas. A esto se suma una alarmante brecha informática: credenciales de exfuncionarios del ministerio permanecieron activas por hasta 4 años y 8 meses después de haber dejado sus cargos, permitiendo el acceso irrestricto entre 2019 y 2024 para modificar o aprobar expedientes sin ningún tipo de control ni registro de auditoría.
La auditoría analizó una muestra de 1.742 expedientes dentro de un universo total de 144.515 títulos expedidos entre 2023 y 2026 por 81 instituciones y filiales en 938 carreras. La revisión sacó a la luz que el ministerio inscribió diplomas sin verificar si las ofertas académicas contaban con respaldo legal de origen, llegando al extremo de validar carreras cuya habilitación formal se registró con posterioridad al periodo en que los alumnos cursaron.
El área de la salud refleja la cara más peligrosa del desorden administrativo. En carreras como Medicina, orientadas en gran medida a estudiantes brasileños, la Contraloría constató la alteración, actualización y anulación manual de datos en las plataformas sin resoluciones que las avalen. Asimismo, se descubrió que las constancias de prácticas hospitalarias archivadas en el sistema carecen de las firmas de los responsables de los centros médicos donde presuntamente se realizaron las pasantías.
Las anomalías apuntan directamente a instituciones privadas como la Universidad Sudamericana —actualmente rebautizada como Unisud— y la Univ. María Auxiliadora, así como a centros públicos de formación entre los que figuran el Instituto Nacional de Educación Superior y la Escuela Nacional de Educación Física, donde se aprobaron legajos incompletos y con serias incongruencias en las fechas de emisión.
Frente a las ocho severas observaciones del ente de control, la respuesta institucional intentó suavizar el impacto. La rectora de la Universidad Sudamericana, Yudith Rotela, envió una nota el 8 de setiembre argumentando que la falta de firmas en las pasantías respondió a un «error involuntario», mientras que la Dirección de Tecnologías del ministerio, liderada por Alejandrino Acuña, emitió el Memorándum 437/26 alegando fallas de interpretación en las tablas informáticas por parte de los auditores y justificando la falta de filtros por no disponer de un sistema integrado en tiempo real con el Ministerio de Salud.
Pese a los intentos de encuadrar la crisis dentro de meras fallas administrativas o encuentros de rutina entre el contralor Camilo Benítez y el ministro Ramírez, el caso derivó en un clima de alta tensión interna en la cartera educativa. La fiscala Teresa Sosa ya encabezó pericias técnicas en la sede del Puerto del MEC, mientras dependencias clave como las Direcciones de Certificación Documental, Escalafón y Matriculación se encuentran intervenidas y bloqueadas.
