La jueza Luz Marlene Ruiz Díaz rechazó de manera contundente un amparo y un hábeas corpus preventivo impulsados por la doctora Rosana González junto al Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED) contra el Ministerio de Salud Pública.
Con esta resolución judicial, la magistrada desestimó los intentos de la nucleación gremial por frenar, mediante garantías constitucionales, la entrega de la nómina de profesionales adheridos a la medida de fuerza, así como la remisión del legajo personal de la mencionada dirigenta médica.
La pretensión de los demandantes buscaba frenar la difusión de dicha información bajo el argumento de que su divulgación constituía una amenaza directa a la privacidad y a la protección de datos personales. Sin embargo, al analizar los alcances del pedido y evaluar los fundamentos vertidos en el expediente, la jueza descartó categóricamente la existencia de un agravio o vulneración constitucional. En su argumentación, la magistrada precisó que la información objeto del litigio no reúne las características técnicas ni jurídicas para ser calificada como reserva confidencial, señalando de forma textual que, en cuanto al argumento de la parte actora sobre la presunta afectación de datos sensibles, corresponde precisar que la información cuyo acceso se solicita y que la actora teme su divulgación no consiste en datos sensibles en sí mismos como sería la publicación de datos biométricos, huellas dactilares o planillas faciales protegidos por la Ley 5283/14.
De esta manera, el fallo judicial deja firme la postura de que el registro de funcionarios estatales que participan en medidas de protesta, así como los antecedentes administrativos de los servidores públicos, forman parte de datos institucionales de interés y no vulneran la esfera de protección de los datos sensibles consagrada en la legislación vigente.
