Resulta que a un agente policial —cuya identidad todavía se mantiene bien guardadita por razones de procedimiento— no se le ocurrió mejor idea que chocar a bordo de un lujoso vehículo.
Hasta ahí, un accidente más de la jornada, pero la sorpresa saltó cuando la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción metió las narices para investigar el percance y descubrió la verdadera joyita: la camioneta en cuestión era de dudosísimo origen, aparentemente robada en un país vecino y manejada bajo la sospechosa figura de “depositario judicial”.
A partir de ese chispazo, el fiscal Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, destapó una verdadera olla a presión. La modalidad de entregar rodados como depositario judicial quedó totalmente sepultada desde que se promulgó la Ley N° 5876 de la Senabico el 18 de septiembre de 2017 —luego modificada por la Ley N° 7254 del 28 de mayo de 2024 para agilizar subastas—, pero se ve que en las filas policiales se olvidaron de actualizar el reglamento o les dio un repentino ataque de amnesia colectiva.
Siguiendo la pista del choque, los investigadores fueron a golpear la puerta del Juzgado Penal N° 4 de la ciudad de Concepción, donde despacha el magistrado Héctor Daniel Morán. ¿Y qué encontraron? Nada menos que el presunto laboratorio donde se cocinaba la magia: una verdadera fábrica de resoluciones y documentos falsificados para entregar camionetas de alta gama a los muchachos intervinientes. El truco era tan burdo como repetitivo. Inventaban informes sobre ficticios procedimientos policiales donde supuestamente hallaban drogas abandonadas sobre imponentes vehículos. Acto seguido, el juzgado concedía los rodados a los agentes. Por supuesto, los números de las resoluciones judiciales eran puro cuento, obligando a los beneficiados a conseguir matrículas apócrifas y cédulas verdes falsas para andar paseando muy orondos y en última generación por todo el mapa nacional.
Hasta la fecha, las pesquisas del fiscal Coronel ya sacaron a la luz cinco casos concretos que involucran a tres flamantes Toyota Hilux y dos Toyota Fortuner. Ante el apretón judicial, varios de los implicados corrieron al departamento de Control de Automotores para devolver las camionetas antes de que el asunto queme más de la cuenta.
Entre los que hicieron la entrega voluntaria figura el suboficial mayor Atilio Delgado Galeano, del Departamento Antinarcóticos de la Policía, quien entregó una Toyota Hilux blanca con la chapa falsa AAXL 182 PY y chasis N° 8AJBAECD9N1736215. Otro que pasó a dejar las llaves fue su colega del mismo departamento, el suboficial mayor Alder Zarza, devolviendo otra Toyota Hilux blanca con matrícula apócrifa AAFW 765 y chasis N° 8AJHA3CDLL2093893. Para rematar la colección, en las últimas horas un funcionario de la Secretaría Nacional Antidrogas—de quien prefirieron omitir la identidad— también arrimó un vehículo de similares características.
Aunque las otras dos camionetas restantes ya habrían quedado bajo el ojo del Ministerio Público, el fiscal Coronel prefirió no soltar más nombres ni detalles sobre la situación legal de los involucrados, señalando tajantemente que las investigaciones están en pleno vuelo y que todos los rodados serán sometidos a rigurosos peritajes para saber de qué garaje ajeno salieron.
Pero abróchense los cinturones, porque la historia no termina en estas cinco unidades. Fuentes internas de la Comandancia de la Policía revelaron que la «fiebre de los autos mau» era un secreto a voces tan arraigado que ya se detectaron al menos otros 171 casos idénticos dentro de la institución. Tan naturalizado estaba el festín sobre ruedas que muchas de estas camionetas irregulares —o directamente sus dichosos tenedores— ¡hasta recibían alegremente sus cupos mensuales de combustible pagados por el Estado!
