Una comitiva judicial y policial irrumpió días atrás en la planta industrial de N.A. Foods Import Export S.A. en Coronel Bogado para ejecutar un desalojo inmediato. El procedimiento estuvo liderado por un oficial de justicia y escoltado por agentes policiales; los funcionarios notificaron al personal de que la empresa debía desocupar “voluntariamente” el inmueble. En ese instante, más de 50 obreros perdieron sus puestos de trabajo y la compañía fue despojada de un activo industrial valorado en varios millones de dólares. Lo que podía parecer un procedimiento rutinario de cobro de deudas se convirtió en un drama humano y empresarial: decenas de familias quedaron sin sustento de un momento a otro, marcando la caída abrupta de un gigante agroindustrial.
No fue un cobro de deuda legítimo, sino el clímax de una conspiración orquestada, indicaron los abogados que llevan la causa.
Investigaciones posteriores revelan que este desalojo no surgió de un proceso judicial normal, sino de una maniobra meticulosamente planificada para despojar a N.A. Foods de su patrimonio. La trama combinó sabotaje interno, colusión bancaria y corrupción judicial, en una secuencia de hechos sincronizados para garantizar el resultado deseado, comentaron.
A continuación, se expone de forma narrativa y sintética cómo operó cada pieza de esta maquinaria fraudulenta y por qué este caso representa un grave peligro institucional para la seguridad jurídica en Paraguay.
Toma judicial de la planta industrial de N.A. Foods: El “día del despojo” comenzó con la llegada de la comitiva judicial a la planta de N.A. Foods en Coronel Bogado (Itapúa). La orden presentada exigía el desalojo inmediato de las instalaciones, supuestamente por el incumplimiento de una deuda. Los representantes de la empresa, encabezados por un gerente presente, no tuvieron opción ante la abrumadora presencia policial: se vieron obligados a acceder y retirar al personal.
En cuestión de minutos, la planta quedó tomada bajo orden judicial, sellando el fin de las operaciones de N.A. Foods en ese lugar. Este episodio no solo significó la pérdida de la fábrica para la empresa, sino que dejó a unos 50 trabajadores sin empleo en un solo día, ejemplificando el fuerte impacto social que puede tener una decisión judicial ejecutada sin contemplaciones. Según testimonios levantados en el acta del procedimiento, la empresa dejó constancia de que abandonaba el lugar bajo protesta, consciente de que estaba enfrentando una maniobra hostil encubierta de legalidad.
Maniobra judicial exprés para permitir el desalojo: Detrás de la ejecución aparentemente legal del desalojo, se escondió una maniobra judicial irregular que violó principios básicos del debido proceso. Todo ocurrió en el Juzgado Civil y Comercial de 5º Turno de Ciudad del Este (Circunscripción de Alto Paraná), donde entre el 12 y el 15 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una “guerra relámpago” legal destinada a dejar a N.A. Foods sin defensa. El viernes 12 de septiembre, la jueza titular de ese juzgado dicta recién su HÁGASE SABER – la ley procesal establece que, tras la designación de un nuevo magistrado, deben transcurrir al menos tres días hábiles para que su competencia quede firme (es decir, para que las partes acepten o recusen al juez). Sin embargo, en este caso no se esperó ese plazo:
- Lunes 15 de septiembre (primer día hábil tras la designación): A primera hora de la mañana, la abogada de Avícola Itapúa S.A. –la empresa demandante– presentó un escrito pidiendo levantar una medida cautelar que protegía los bienes de N.A. Foods. Sorprendentemente, la jueza interina Delcy Cardozo, recién asignada y sin competencia firme todavía, dio trámite al pedido de inmediato.
- Pocas horas después: En menos de una hora, la jueza Cardozo emitió una resolución relámpago haciendo lugar a lo solicitado y dejando sin efecto la medida cautelar que impedía el remate de la planta. Este fallo exprés, obtenido de manera ilegítima, fue la luz verde para ejecutar el desalojo ese mismo día.
- Antes del mediodía: Los abogados de N.A. Foods, atónitos ante la velocidad de los acontecimientos, presentaron una recusación formal contra la jueza Cardozo por falta de competencia y evidente parcialidad. Pero ya era demasiado tarde: la decisión estaba tomada y el daño consumado. La recusación no tuvo efecto práctico, pues la maniobra judicial se había consumado con una celeridad inusitada.
Esta secuencia anómala muestra indicios claros de prevaricato –actuación deliberadamente contraria a la ley–. Para emitir un fallo de tal magnitud, normalmente se requeriría estudiar el expediente y las posiciones de ambas partes; hacerlo en cuestión de minutos sugiere que la resolución ya estaba preparada de antemano. En otras palabras, la presentación del escrito por Avícola Itapúa fue una mera formalidad para simular legalidad, mientras que el resultado estaba pactado de antemano. Los responsables de esta maniobra aprovecharon vacíos y plazos procesales de forma cínica: sabiendo que los abogados de N.A. Foods intentarían recusar a la jueza interina por sus vínculos cuestionables (detallados a continuación), ejecutaron todo el procedimiento en tiempo récord, durante las primeras horas del primer día hábil. Así, anularon de facto las garantías procesales que debían proteger a la empresa afectada.
Red familiar y conflicto de intereses en el juzgado
¿Por qué se temía la imparcialidad de la jueza interina Cardozo? Porque el caso estaba rodeado de un escandaloso conflicto de intereses familiar. La trama judicial en Alto Paraná giró en torno a un triángulo de relaciones personales que comprometen cualquier apariencia de justicia:
- La Dra. Gabriela Ramírez, jueza titular originalmente a cargo del caso, mantenía una relación sentimental con el abogado Gustavo Álvarez, patrocinante de Avícola Itapúa (la parte demandante), indicaron fuentes del Poder Judicial.
- El Abg. Gustavo Álvarez, además de ser pareja de la jueza Ramírez, resultó ser sobrino directo de la jueza interina Delcy Cardozo – la magistrada que dictó el fallo exprés. Es decir, Álvarez conectaba directamente a la jueza titular con la jueza suplente, formando un nexo familiar dentro del propio juzgado, señalaron los informantes.
- La Dra. Delcy Cardozo, jueza interina designada que firmó la orden de desalojo, era tía del abogado Álvarez. Al levantar la medida cautelar, benefició directamente a su sobrino y, por extensión, a la pareja de este (la jueza Ramírez). Su actuación no solo violó la ley, sino que destruyó la apariencia de imparcialidad judicial, indicaron los afectados.
Todos estos lazos fueron denunciados explícitamente por N.A. Foods en la recusación presentada contra Cardozo, citando las causales de interés manifiesto y parentesco que prevé la ley. Incluso se alegó que el abogado Álvarez fue visto actuando como “gestor” dentro del juzgado, coordinando la maniobra con su tía jueza. Este grado de nepotismo judicial había viciado el proceso desde el inicio.
Cabe señalar que la elección de la jueza Cardozo para esta tarea tampoco fue casual. Según trascendidos, la magistrada estaba a punto de jubilarse, lo que significaba que tenía poco que perder si más tarde era investigada o sancionada por su proceder. Alguien en la mitad de su carrera judicial quizás habría dudado en arriesgar su cargo; en cambio, una jueza próxima al retiro enfrenta consecuencias mínimas, ya que cualquier proceso disciplinario probablemente concluiría cuando ella ya no esté en funciones. Este diseño calculado (de involucrar a una jueza al borde del retiro, apartar formalmente a la titular vinculada sentimentalmente, y usar al abogado/familiar como puente) refleja una corrupción sofisticada: crea capas de negación plausible para que ninguno de los implicados directos asuma responsabilidad. La jueza Ramírez se mantuvo oficialmente al margen; el abogado Álvarez puede decir que solo defendía a su cliente; y la jueza Cardozo, ejecutora material, quedaría fuera del sistema antes de enfrentar consecuencias. En conjunto, esta red familiar echa por tierra la independencia judicial, convirtiendo al juzgado en una herramienta al servicio de intereses privados.
Vaciamiento financiero y deuda fabricada por exdirectivos: La ofensiva judicial de 2025 fue el golpe final de una conspiración fraguada con antelación. Años antes, dentro de la propia N.A. Foods, antiguos directivos llevaron a cabo un sabotaje corporativo destinado a debilitar a la empresa y allanar el camino para el despojo. Según investigaciones y una causa penal abierta en 2022, estos administradores ejecutaron una estrategia de vaciamiento financiero deliberado:
- Ocultamiento de información: Se retuvieron ilegalmente libros contables, actas y documentos clave, impidiendo que los nuevos administradores o la justicia conocieran la verdadera situación patrimonial de N.A. Foods.
- Desvío de fondos: Se creó una “administración paralela” que movía dinero a espaldas del interventor judicial. Por ejemplo, un pago de 67.000 dólares de un cliente extranjero en 2022 fue desviado a una cuenta no declarada en otro banco, en lugar de ingresar a las arcas oficiales de la compañía. También se detectaron cobros en efectivo no reportados por cientos de millones de guaraníes.
- Endeudamiento premeditado: Estas maniobras buscaron llevar a N.A. Foods a una insolvencia artificial. Al vaciar sus cuentas y entorpecer la gestión, la empresa terminó incumpliendo deliberadamente ciertas obligaciones financieras. En particular, se dejó de pagar un crédito hipotecario con el Banco Regional S.A.E.C.A. – una deuda estratégica que ellos mismos habían planificado utilizar como la palanca legal para el despojo.
Es decir, los propios exdirectivos conspiradores provocaron que N.A. Foods cayera en default en el préstamo hipotecario de su planta industrial. Este incumplimiento no fue un accidente ni consecuencia fortuita de la crisis de la empresa, sino el objetivo central del fraude: una vez que N.A. Foods dejó impaga esa deuda, el Banco Regional (como acreedor hipotecario) podía iniciar un juicio ejecutivo y llevar la planta a remate judicial. Justamente eso ocurrió más adelante.
Para 2025, cuando el banco avanzó con la ejecución, ya existía un antecedente inquietante: en agosto de ese mismo año, la justicia penal sobreseyó definitivamente a todos los acusados en la causa de vaciamiento (expediente N° 449/2022). Dicho sobreseimiento benefició no solo a los exdirectivos internos que urdieron el fraude, sino también a dos altos ejecutivos del Banco Regional implicados. En otras palabras, nadie fue responsabilizado por el vaciamiento ni la deuda fabricada. Esta impunidad previa fue la que envalentonó a los perpetradores: sabiendo que no enfrentaban castigo en el fuero penal, avanzaron con la ofensiva final en el fuero civil un mes después, resultando en el desalojo de septiembre.
Banco Regional y Avícola Itapúa: Conflicto de intereses en la ejecución: Según los abogados, el rol del Banco Regional S.A.E.C.A. fue determinante para concretar el despojo. Lejos de actuar como un acreedor de buena fe que busca recuperar su dinero, la evidencia sugiere que el banco operó como un depredador corporativo confabulado con los saboteadores internos para apoderarse de la planta industrial. Existe un conflicto de intereses flagrante detrás de la operación financiera y societaria que facilitó la toma de N.A. Foods:
Los documentos revelan que los principales directivos y accionistas del Banco Regional, Alfredo Raatz y Guillermo Céspedes, tenían doble papel. Por un lado, dirigían el banco acreedor que ejecutó la hipoteca; por otro, eran también altos directivos de una empresa llamada Oleaginosa Raatz S.A. Curiosamente, Oleaginosa Raatz S.A. resultó ser propietaria de Avícola Itapúa S.A., la empresa que finalmente “compró” la planta industrial de N.A. Foods en el remate judicial, señalaron los profesionales que llevan el caso. En términos simples, los dueños del banco se vendieron a sí mismos el activo embargado, utilizando a Avícola Itapúa como pantalla, destacaron.
De hecho, Avícola Itapúa S.A. era poco más que una empresa de maletín: no tenía operaciones reales significativas y sus propios presidente y vicepresidente eran empleados de Oleaginosa Raatz (así figuraban en registros del Instituto de Previsión Social). Esto confirma que Avícola Itapúa no era un tercero independiente, sino un vehículo creado por el grupo Raatz para adjudicarse la planta simulando una venta a un externo. En esencia, el Banco Regional remató la fábrica de N.A. Foods y sus propietarios la adquirieron para sí mismos mediante esta sociedad fantasma, consumando el despojo con apariencia de legalidad, manifestaron los asesores legales.
¿Por qué tanta prisa y ferocidad en esta ejecución? Un posible móvil oculto fue el contexto mayor en el cual estaba el Banco Regional. A fines de 2022 se anunció la fusión de Banco Regional con Banco Sudameris, aprobada por el Banco Central en 2023, una operación que daría nacimiento al mayor banco del país. En toda gran fusión, los bancos deben presentar balances impecables y sin contingencias legales que alarmen a los reguladores. En ese sentido, el caso de la deuda de N.A. Foods (heredada de la firma absorbida Planet Rice S.A.) era un problema: un crédito millonario en situación irregular, envuelto en litigios y acusaciones de fraude, podía ser una “mancha” en el balance que complicase la aprobación regulatoria o disminuyera el valor de la fusión, estimaron los abogados.
La hipótesis del equipo jurídico que lleva el caso que surge es que la ejecución acelerada e ilícita de la planta industrial fue en realidad una operación de limpieza contable: antes de que se consolidara la fusión Regional-Sudameris, se deshicieron de un activo tóxico. De este modo, el despojo de N.A. Foods no solo fue un fin lucrativo en sí mismo para el grupo involucrado, sino también un medio para facilitar uno de los mayores negocios financieros de la historia reciente de Paraguay.
Jorge Bogarín, garante de impunidad en las alturas del Poder Judicial: Resultaría difícil imaginar que jueces y abogados se animaran a violar la ley de forma tan abierta sin contar con protección desde las más altas esferas. Diversas denuncias señalan que detrás de esta trama operó un padrino judicial brindando garantía de impunidad: Jorge Bogarín, exmiembro influyente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), destacaron los afectados.
Bogarín ocupó hasta hace poco una posición clave en el organismo encargado de sancionar y remover a jueces corruptos; es decir, tenía en sus manos el destino disciplinario de magistrados y fiscales de todo el país.
En marzo de 2023, el gobierno de Estados Unidos designó públicamente a Jorge Bogarín como persona “significativamente corrupta”, acusándolo de interferir en casos judiciales para beneficiar a sus aliados. Esta etiqueta internacional resuena directamente con su presunta participación en el caso N.A. Foods. De acuerdo a las sospechas, Bogarín habría utilizado su influencia para blindar a los operadores judiciales involucrados en el despojo, asegurándoles de antemano que no enfrentarían consecuencias sin importar qué tan flagrantemente violaran las normas.
El vínculo no es meramente teórico: el abogado central de la maniobra en Alto Paraná, Gustavo Álvarez, es señalado como ahijado político o colaborador cercano de Bogarín. Esto ubica al exmiembro del JEM en la cúspide de la estructura: no como un observador distante, sino como el artífice que posibilitó la coordinación entre el poder económico y los agentes judiciales corruptos, revelaron los abogados de la causa.
En la práctica, el modelo habría funcionado así: el poder económico (el grupo Raatz y asociados) financió la operación y es el beneficiario final del activo; el poder judicial local (juezas Ramírez y Cardozo, más el abogado Álvarez) ejecutó las acciones ilegales necesarias para concretarla; y el poder político-judicial superior (Bogarín desde el JEM) garantizó que esos actores gozaran de protección y quedaran impunes. Cada cual cumplió su rol en una simbiosis perversa: la banca y la empresa obtienen la planta, los operadores jurídicos reciben su recompensa o favores, y el protector en las alturas mantiene su red de influencia. Este ecosistema de impunidad explica la audacia con que se violaron leyes y procedimientos a plena luz del día, relataron los afectados.
Un golpe al Estado de derecho y una alarma para la seguridad jurídica: El caso N.A. Foods trasciende la disputa entre dos firmas privadas; es una radiografía de un sistema de justicia capturado. Aquí, un conglomerado económico aliado con operadores judiciales y políticos corruptos logró manipular la ley para expropiar bienes privados con total impunidad. La historia expuesta muestra un patrón coordinado de acciones ilícitas –desde el sabotaje empresarial hasta la sentencia exprés– que constituyen un asalto directo a los cimientos del Estado de derecho en Paraguay.
Tres pilares fundamentales de un poder judicial funcional quedaron dinamitados: la independencia, la imparcialidad y la previsibilidad de la justicia. En este caso, las decisiones no se tomaron con base en la ley o las pruebas, sino en nepotismo y clientelismo. Cuando el resultado de un juicio depende de si el abogado de la otra parte es pareja o pariente del juez, la confianza en la justicia se desvanece. El imperio de la ley es reemplazado por el imperio de la arbitrariedad, enviando un mensaje nefasto a la sociedad.
Asimismo, las consecuencias para el clima de negocios en el país son devastadoras. Paraguay ha buscado proyectarse como un destino seguro para la inversión, pero escándalos como este envían una señal clara y alarmante a empresarios nacionales y extranjeros: la seguridad jurídica puede resultar una quimera. Ningún incentivo fiscal podrá atraer inversión seria si existe el riesgo latente de que un activo sea arrebatado mediante una triquiñuela judicial en cuestión de horas. Situaciones así espantan al capital honesto que demanda reglas estables y equitativas, y solo fomentan entornos donde prosperan actores especulativos acostumbrados a la opacidad y la influencia indebida.
Este caso representa ahora una prueba de fuego para las instituciones de control y justicia en Paraguay, en particular para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La evidencia de mal desempeño, conflicto de intereses y posible prevaricato por parte de los involucrados está documentada. Una reacción institucional rápida, transparente y firme, que conlleve sanciones ejemplares a todos los responsables (jueces, abogados y cómplices empresariales), enviaría un mensaje contundente de que la corrupción judicial no será tolerada. Por el contrario, la inacción o las demoras injustificadas confirmarían la sospecha de que el sistema es incapaz de autodepurarse, afianzando la impunidad.
En conclusión, el despojo de N.A. Foods no solo desnudó una conspiración contra una empresa, sino que puso en evidencia un peligro institucional que debería encender alarmas en todo el país. Si hechos así quedan impunes, se socava la confianza de la ciudadanía en sus jueces y se compromete el futuro económico de Paraguay. Este memorándum de prensa sirve como llamado de atención: la sociedad civil, los medios de comunicación y los observadores internacionales deben seguir de cerca el desenlace de este caso. Mucho más que el patrimonio de una empresa, está en juego la credibilidad del sistema de justicia y la vigencia del Estado de derecho en nuestra nación.
