Poco más de 24 horas le bastaron al Instituto de Previsión Social para cerrar un pacto de ensueño. Ese fue el tiempo que tardó la cúpula de la previsional en aprobar un acuerdo extrajudicial exprés que terminó saldando la millonaria deuda de una empresa privada y, de paso, llenó los bolsillos de su propio exasesor jurídico, José González Maldonado. Un cobro en concepto de honorarios por la friolera suma de 412.500.000 guaraníes que hoy está en la mira de la justicia.
La Contraloría General de la República metió la lupa en el caso y detectó severas irregularidades. Quien puso voz al escándalo fue Leandro Villalba, director de auditoría forense del ente contralor, al revelar que todo el proceso se cocinó al margen de las normas. Para empezar, Villalba cuestionó la falta de control judicial en el pago de los honorarios: “A juicio de la Contraloría General de la República, y como menciona en el dictamen, nosotros creemos que un proceso de esa naturaleza sí o sí debía ser regulado en el pago de los honorarios por un juez, como dice la ley. La justipreciación o una valoración justa del monto regulado le correspondía a un juez a nuestro juicio”.
La maniobra no solo dejó ver una prisa sospechosa, sino también un descarado conflicto de intereses. El propio funcionario de la Contraloría advirtió sobre la grave anomalía del procedimiento: “El dictamen jurídico en cuestión que suscribe el ex asesor jurídico del IPS lo firma él mismo. Y ese dictamen fue la base empleada en la sesión del Consejo del IPS para autorizar un acuerdo que finalmente redunda en un pago importante que termina en el propio José González Maldonado”. Es decir, González Maldonado actuó como juez y parte para acreditarse la fortuna.
Por si fuera poco, Leandro Villalba sostuvo que durante la tramitación se ignoró la protección especial que exige la Carta Magna para el patrimonio de los aportantes: “El artículo 95 de la Constitución establece un carácter especial a todo lo que tiene que ver con los fondos previsionales. Y en ese sentido era lo más prudente realizar un análisis actuarial sobre si correspondía o no la aceptación de los montos que fueron propuestos por la empresa privada”. Pese a ello, se concedió a la firma una jugosa quita de su deuda acumulada sin cuidar los recursos asegurados.
A todo esto se suma que en las actas del Consejo consta que González Maldonado admitió haber operado bajo la venia de la Presidencia de la República para blindar “política y jurídicamente” el pacto. Aunque el pleito se arrastraba desde 2003 con la intervención de varios profesionales, el único que presentó factura tras la transferencia fue el exasesor jurídico. Hoy la causa está en manos del fiscal Cristian Benítez, ante quien la Contraloría ya se ratificó para exigir respuestas. Como concluyó tajantemente Villalba: “Nosotros objetamos el acuerdo y le pedimos al fiscal que profundice sobre quiénes facturaron al final por las razones expuestas”.
Fuente: ABC Digital
