¡Cortesía de la casa! Un descarado esquema de «concesionaria clandestina» en los juzgados de Concepción quedó al descubierto tras repartir camionetas VIP robadas en Brasil a policías y agentes anti-drogas.
La denuncia del juez Héctor Daniel Morán, con 160 páginas de pura evidencia, salpica a la exjueza Honorina Acosta, a la actuaria Rossana Coronel y a los fiscales Epifanio Díaz Ferreira y Celso Morales Fernández, acusados de «dibujar» papeles para legalizar los botines sobre ruedas.
El circo se cayó en Fernando de la Mora cuando el suboficial José Antonio Grance cayó en un control paseándose en una Toyota Fortuner 2019 con chapa clonada. Para zafar, el uniformado mostró una supuesta orden judicial que lo nombraba «depositario» en un caso de feminicidio. ¿El detalle? La resolución era un invento: en el sistema Judisoft, ese número era un allanamiento por toma de rehenes y la camioneta ni figuraba en la causa.
Tras la insólita excusa del abogado del policía —quien alegó que su cliente cayó en la red por un «error involuntario»—, la auditoría destapó que el truco se repitió en al menos cuatro expedientes. El «combo completo» consistía en agarrar camionetas Hilux y Fortuner sin registro de Aduanas, truchar resoluciones fantasma (los A.I. 217, 223 y 353) para no dejarlas asentadas en Estadísticas y meterles chapas truchas para andar como si nada.
Entre los «afortunados» beneficiarios de esta flota robada figuran el agente de la Senad, Francisco Espinoza Ruiz y los suboficiales de la Policia Nacional, Alder Zarza, Atilio Delgado, Pedro López e intentando hacerse el desentendido, el propio Grance. La Fiscalía General tiene ahora la pelota en su cancha para apagar la fiesta judicial y mandar a boxes a los «blanqueadores».
Fuente: Observapy
