Un insólito hallazgo tiene conmocionada e indignada a la comunidad de Mariano Roque Alonso, luego de que saliera a la luz la presunta «desaparición» y posterior traslado de un tinglado público metálico, construido originalmente con el dinero de los contribuyentes, directo hacia el patio de una sede partidaria local.
Según reveladores testimonios ofrecidos por funcionarios de la propia comuna —quienes solicitaron el estricto resguardo de sus identidades por un comprensible temor a sufrir represalias laborales—, la estructura en cuestión formaba parte del patrimonio del municipio. Había sido presentada con gran entusiasmo el 30 de agosto de 2021 durante la conmemoración del 76° aniversario de la ciudad, bajo la administración del entonces intendente liberal Rafael Gómez, destinada a funcionar como taller del Departamento de Transporte y resguardar la flota de vehículos que prestaba servicio a la ciudadanía.
Las fuentes señalan que, tiempo después, cuando se iniciaron las obras del nuevo Teatro Municipal en ese mismo terreno, la estructura de hierro simplemente se esfumó del predio original. Lejos de ser reubicada en alguna otra dependencia municipal para seguir resguardando maquinarias comunales, la infraestructura habría sido desmantelada de manera sigilosa y transportada hasta el local del comité del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ubicado sobre la calle Villazón casi Nanawa del barrio Central.
El dato que más asombro genera entre los denunciantes es la impunidad y visibilidad del caso. Las fotografías de la inauguración oficial de 2021 muestran al exintendente Gómez posando junto a la actual intendente Carolina Aranda y al diputado liberal Marcelo Salinas —quien hoy aspira a ser el próximo jefe comunal de la ciudad—. Al comparar aquellas imágenes protocolares con el panorama actual del local político, las estructuras coinciden perfectamente, quedando a la vista de cualquier vecino que transite por la vía pública.
Los informantes sostienen bajo el principio de presunción que se estaría ante un supuesto uso indebido de bienes públicos y una supuesta desarticulación del patrimonio comunal para el beneficio particular de un sector político. Mientras tanto, la ciudadanía roquealonseña observa cómo un bien financiado con el esfuerzo de sus impuestos terminó sirviendo, de forma insólita, a fines partidarios en pleno corazón del municipio.
