Las calles de Encarnación amanecieron con una pregunta que quema, un grito mudo colgado en pasacalles justo enfrente de las ruinas que aún duelen. «¿Qué pasó del peritaje?», se lee en letras grandes, interpelando a las autoridades y a cada transeúnte que pasa por el lugar.
La intervención urbana, de autoría anónima pero con el respaldo invisible de un gran sector de la ciudadanía harta, busca rescatar del olvido la tragedia del 2 de abril de 2025, el día en que el colapso de un edificio le arrebató la vida a Hermelinda Báez, de 55 años, y a su nieta Montserrat Brítez, de apenas 15.
A casi un año de aquella tarde fatídica, el dolor se ha transformado en una persistente exigencia de justicia. Aunque el caso derivó rápidamente en una investigación penal y en la imputación de autoridades municipales, profesionales y responsables de la obra, el motor principal de la causa parece estar congelado. El Ministerio Público había ordenado una pericia estructural clave, un estudio técnico encomendado a especialistas para determinar con precisión científica si el desastre fue provocado por fallas de diseño, materiales deficientes, mala ejecución o una flagrante falta de control. Sin embargo, ese informe fundamental sigue sin ver la luz.
La paciencia de los familiares y de la comunidad encarnacena se está agotando ante una demora que ya resulta sospechosa y estira el calvario de la espera. Este peritaje no es un simple trámite burocrático; es la prueba reina, la pieza del rompecabezas que debe esclarecer las causas reales del derrumbe y delimitar las responsabilidades penales de los imputados. Mientras el silencio oficial se prolonga y las respuestas no llegan, los pasacalles colgados frente a los escombros actúan como un recordatorio implacable de que, aunque el edificio haya caído, la memoria de Hermelinda y Montserrat sigue de pie, exigiendo una verdad que ya tardó demasiado.
