La alarmante falta de medicamentos e insumos en el Instituto de Previsión Social ha movilizado al Congreso Nacional, instalando un debate urgente sobre la declaración de una ley de emergencia para salvar a la previsional. Sin embargo, desde la cúpula del Legislativo la postura es clara: no habrá cheques en blanco.
El presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, advirtió de manera contundente que la propuesta será analizada «con lupa» en una mesa de trabajo conjunta con el Poder Ejecutivo y las propias autoridades de la institución antes de tomar cualquier decisión definitiva.
La cautela de Núñez responde a los fantasmas del pasado. El parlamentario recordó con desconfianza que en el periodo legislativo anterior ya se había aprobado una medida similar que inyectó 250 millones de dólares bajo la misma promesa de solucionar la crisis, pero esos fondos terminaron desapareciendo debido a manejos desprolijos. Aunque el legislador reconoció la existencia de una profunda crisis financiera en el IPS, insistió en que cualquier ayuda debe garantizar transparencia absoluta para no repetir viejos errores de administraciones anteriores.
La presión en el plano legislativo va en aumento. Actualmente, la Cámara de Senadores tiene en sus manos un proyecto aprobado por los diputados para liberar fondos urgentes destinados al abastecimiento médico. A esta iniciativa se suma una nueva propuesta impulsada por el senador colorado Juan Afara, quien plantea un salvavidas paliativo: exigir que el Estado empiece a pagar su histórica deuda de 300 millones de dólares con el IPS. La condición innegociable de este nuevo planteamiento es que cada guaraní recuperado se destine de forma exclusiva a la compra directa de fármacos e insumos, o a la contratación de personal médico esencial, prohibiendo estrictamente su uso para saldar otras deudas institucionales.
La realidad dentro del IPS es crítica y las cifras oficiales exponen un escenario al borde del colapso. El propio presidente de la previsional, Isaías Fretes, admitió recientemente que la entidad necesita unos 150.000 millones de guaraníes mensuales solo para asegurar la entrega básica de remedios a los asegurados. Si bien Fretes coincide en que la declaración de emergencia aceleraría los engorrosos procesos de compra, también fue realista al señalar que esto no resolverá el problema de fondo: la alarmante falta de recursos estructurales en una institución que camina peligrosamente hacia el precipicio económico mientras los pacientes siguen clamando por respuestas.
Fuente: ABC Digital
