El Instituto de Previsión Social se encuentra en el foco de la atención pública tras el inicio de una serie de indagaciones internas que buscan esclarecer presuntas irregularidades en millonarios contratos de infraestructura médica. La lupa institucional apunta de forma directa a la adjudicación, mantenimiento y actual estado de abandono de diversas plantas generadoras de oxígeno distribuidas en los hospitales del país.
Un primer paso ya se habría dado en la fecha luego de una reciente inspección sorpresiva encabezada por el doctor Isaías Fretes y comitiva al Hospital de Benjamin Aceval, donde hay sospechas de un esquema de aparentes negociados y falta de control administrativo dentro de la previsional. Según la periodista Estela Ruiz Díaz de Telefuturo, este recorrido técnico evidenció que inversiones de gran envergadura económica terminaron convertidas en estructuras completamente obsoletas y sin beneficio real para los asegurados.
El caso mencionado se trata una planta de oxígeno inaugurada con altas expectativas en junio del año 2021 demandó una inversión aproximada de 10.000 millones de guaraníes. A pesar del gigantesco desembolso, los reportes oficiales y las denuncias periodísticas confirman que la estructura funcionó apenas un año y arrastra actualmente un periodo de cuatro años de total inoperatividad, Aunque las autoridades locales afirman que la planta está en funcionamiento.
En el centro de estas polémicas adjudicaciones aparece de forma recurrente ademas la firma JR Ingeniería, propiedad de Javier Recalde Encina, catalogada como uno de los principales proveedores del IPS en el rubro de plantas generadoras de oxígeno y servicios de mantenimiento técnico. Esta empresa privada ha consolidado un amplio historial de contratos con la previsional, acumulando proyectos de enorme peso financiero bajo sospecha por su dudosa efectividad real a largo plazo.
Entre los antecedentes directos de la firma investigada resalta también la adjudicación de la planta de oxígeno de Villarrica en el año 2022, un proyecto que significó un desembolso de 5.000 millones de guaraníes. A esto se le suman múltiples contratos complementarios firmados durante los periodos 2024 y 2025 para la supuesta provisión de repuestos y servicios de mantenimiento en los sistemas hospitalarios de la previsional, además de obras civiles complementarias y dotación de equipos médicos.
La contradicción que intentan resolver los investigadores radica en el flujo constante de dinero público otorgado a la citada empresa proveedora. Mientras las plantas generadoras sufren paros técnicos prolongados y quedan fuera de servicio dejando desprotegidos a los pacientes, la firma JR Ingeniería continuó recibiendo de manera ininterrumpida nuevas adjudicaciones destinadas precisamente al mantenimiento de esas mismas tecnologías, según la información que buscan corroborar en el IPS.
Esta situación ha instalado serias dudas en la actual administración sobre los criterios de control aplicados en las fiscalizaciones de las obras y la efectividad real de los costosos mantenimientos preventivos pagados. Las autoridades competentes buscan determinar si existió una complicidad interna para certificar servicios que no resolvían los problemas de fondo, comprometiendo gravemente los recursos financieros del Instituto de Previsión Social en perjuicio directo de la salud se los asegurados.
