El Auditor General del Ejecutivo, Alberto Cabrera, confirmó públicamente la existencia de informes que revelan que el Instituto de Previsión Social operaba mediante dos sistemas contables paralelos. Esta grave irregularidad constituye una violación directa a la Ley N° 1535/99 de Administración Financiera, la cual obliga a todas las instituciones del sector público a implementar de forma plena un modelo de contabilidad unificado. Al no cumplir con esta normativa, la previsional se vio forzada a arrastrar un esquema obsoleto, evidenciando profundas debilidades en su sistema de control interno.
De acuerdo con las fiscalizaciones, este descontrol financiero se habría desarrollado con mayor fuerza durante la gestión de Jorge Brítez al frente de la institución y contó con el aval del Consejo de Administración a través de simples constancias administrativas. La duplicidad contable no solo ocultó dudosas y multimillonarias diferencias entre saldos y egresos, sino que además bloqueó los mecanismos de transparencia, impidiendo auditar adecuadamente la adquisición de insumos y certificar si el stock de medicamentos llegaba de manera efectiva a los asegurados.
Actualmente, los equipos auditores y la Contraloría General de la República se encuentran investigando el alcance documental de este esquema que abre serias sospechas de un millonario perjuicio patrimonial.
