El gobierno de Santiago Peña anunció hoy que las mujeres harán el servicio militar en la CIMEFOR (Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva). La idea como tal es bastante buena y novedosa para la milicia y para reactivar este instituto que con los años se ha venido a menos. Esta noticia fue ampliamente divulgada, incluso por el ministro de Defensa, Oscar González, como voz oficial de las FF.AA.
Hasta ahí todo bien, la Constitución Nacional pone al hombre y a la mujer en un plano de igualdad, pero en lo que concierne al Servicio Militar, nuestra carta fundamental lo prohíbe con claridad en su Art. 129 (4to párrafo) y expresa: “Las mujeres no prestarán servicio militar sino como auxiliares en caso de necesidad durante conflicto armado internacional…”.
Como se sabe, no estamos en guerra con nadie y, si bien el anuncio contemplaba la optatividad del servicio, al no estar habilitada por la Ley Madre de la República, no puede legislarse en contrario por imperio de la prelación de las leyes que impone el Art. 137 de la CN.
¿Qué pasó con los asesores jurídicos, que tanto los hay, incluso en varias reparticiones estatales, cobrando sueldos millonarios? ¿O acaso lo hicieron de forma deliberada, para instalar el debate de la reforma constitucional, idea que anda rondando cada noche “espirituosa” por alguna casa ubicada sobre la avenida España?
Por de pronto hay que explicar cómo se podrá salvar este impedimento constitucional de la prohibición expresa de servicio militar de las mujeres.
