El multimillonario desfalco que dejó al Estado paraguayo con una mísera migaja de G. 720 millones no es fruto de la casualidad, sino el reflejo de una presunta e intrincada rosca de influencias que conecta de manera directa al exprocurador Marco Aurelio González, al polémico Jorge Bogarín Alfonso y a la esposa de este último, la jueza Karen Leticia González Orrego. Una fotografía tomada en un ámbito de confianza mutua, donde aparecen el exprocurador González junto al matrimonio Bogarín-González, se convirtió en la prueba visual de los estrechos lazos que unen a los protagonistas de esta controvertida historia judicial y política.
Todo comenzó a gestarse el 3 de septiembre de 2025, fecha en que Marco Aurelio González Maldonado renunció de forma imprevista a la Procuraduría General de la República (PGR). Antes de retirarse, firmó una resolución inédita para nombrar «a dedo» a Rubén Elidio Gaona como encargado de despacho de la institución. Bajo este nuevo mando interino, el engranaje avanzó con rapidez cronométrica. El 6 de octubre de 2025 saltó un primer embargo contra la Aseguradora Tajy por G. 200 millones, firmado por la jueza Alejandra Magalí Zavala de Biedermann, correspondiente a una demanda contra la firma Neighpart SA (de Sandra Caballero) por incumplimientos con el Hospital Nacional.
La pieza clave del rompecabezas económico se colocó el 29 de diciembre de 2025. Ese día, la jueza Karen Leticia González Orrego, esposa de Jorge Bogarín, firmó un segundo y decisivo embargo por la descomunal cifra de G. 4.304 millones contra la Aseguradora Tajy. Este juicio provenía de un reclamo del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) ante los incumplimientos de la firma Icap Consultores (de Manuel Brítez). Sumando ambas demandas, el reclamo legítimo y total del Estado paraguayo ascendía exactamente a G. 4.504 millones.
Lo que parecía una sólida victoria legal se desmoronó de forma sospechosa en cuestión de horas. Apenas tres días después del dictamen de la jueza González Orrego, en plena víspera de Año Nuevo, ingresó una nota de Senasa que reducía mágicamente la deuda de G. 4.304 millones a tan solo G. 518 millones. Casualmente, el 2 de enero de 2026, la Aseguradora Tajy se presentó a ofrecer un acuerdo cerrado de G. 959 millones por ambos pleitos, calcando los números reducidos. De ese dinero, el Estado paraguayo recibió apenas G. 720 millones, consolidándose un perjuicio total de G. 3.784 millones para el erario público. El resto del botín, unos jugosos G. 239.688.000 (aproximadamente G. 240 millones), fue a parar de forma automática a los bolsillos del procurador delegado Facundo Filártiga por «honorarios profesionales», embolsillándose un escandaloso 33% de lo recuperado y pisoteando el límite legal del 20% establecido en el artículo 32 de la Ley 1376 de honorarios.
Esta cuestionable distribución de la riqueza pública, sumada a los estrechos vínculos entre el exprocurador que dejó montado el escenario y la jueza que estampó la firma del embargo clave, deja en evidencia cómo la cercanía y las influencias familiares logran desangrar las arcas del Estado con total impunidad.
Fuente: ABC Digital
