Nuevas denuncias de corrupción en SENASA apuntan al jefe del Departamento Administrativo del SENASA, Diego Gabriel Benítez Amarilla, quien supuestamente creó un esquema para realizar negociados con empresas contratadas por la institución.
La denuncia fue presentada en la dependencia anticorrupción del Ministerio de Salud y en la Contraloría General de la República (CGR). La misma señala que Benítez ocupa, hace más de 10 años, el cargo de jefe administrativo en Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) y supuestamente armó un esquema con funcionarios para favorecer a ciertas empresas que, llamativamente, siempre resultan adjudicadas en licitaciones de la institución.
El esquema encabeza Benítez, quien colocó a su ex secretario, Luis Anselmo Franco Silguera, como encargado interino de la Unidad Operativa de Contrataciones, con anuencia del ex director de Administración y Finanzas, Rodrigo Irala, y la colaboración del evaluador de ofertas, Víctor Ojeda, para encaminar los diferentes procesos, señala la denuncia.
Según los datos proporcionados, Benítez es el que da inicio a los llamados desde su área, preparando las especificaciones técnicas «a medida» que son procesadas por Franco. Seguidamente, el mismo Benítez se encarga de evaluar las ofertas con la ayuda de Ojeda, adjudicando a ciertas empresas que, año tras año, resultan adjudicadas, y es el mismo Benítez quien se encarga de llevar la administración de esos contratos, es decir actúa violando la Ley de Contrataciones Públicas.
Dos casos groseros donde se evidencia el actuar irregular de Benítez, avalados por sus superiores, son las licitaciones adjudicadas a las empresas SANICAB y Taller Integral, la primera por 600 millones de guaraníes y la segunda por G. 500 millones, donde Benítez firma como parte del Comité Evaluador y a la vez, en los datos de adjudicación publicados en el portal de la DNCP, figura como administrador de ambos contratos. En el mismo modus operandi aparece el Taller Cantero, que es una de las empresas mimadas por la institución, donde Benítez es el que firma la adjudicación y administra el contrato de G. 1.200 millones.
«En pocas palabras, Diego Benítez se convierte en juez y parte de las actuaciones, en contra de las disposiciones legales», refieren los denunciantes. Además, en algunos casos, refiere la denuncia, en las licitaciones no se presta el servicio contratado, así como tampoco se exige el cumplimiento de los contratos tal cual figuran, en detrimento de la institución. 
La denuncia concreta menciona que, en el caso de las licitaciones para reparaciones, los vehículos no se reparan y exponen al peligro a los funcionarios de la institución que deben utilizar los vehículos sin el mantenimiento correspondiente. También se refiere que hay varios vehículos en desuso que se encuentran en el taller y se les hace figurar como activos y se realiza el negociado de carga de combustibles en donde con ayuda de sus subalternos maquillan esta actuación.
Crecimiento patrimonial de la esposa de Benítez
Benítez tuvo un crecimiento patrimonial importante en los últimos 5 años, al igual que su esposa Emilia Janet Franco Villanueva, y realizaron inversiones elevadas que no condicen con sus salarios, según agregan los denunciantes.
Diego Benítez posee un salario de Gs. 8.640.000 y no consta en el portal de la Controlaría su declaración jugada, mientras que el de su esposa sí figura en dicho portal.
Emilia Franco posee un ingreso, recién desde este año, de G. 15.776.960, según su declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República.
Según consta en su declaración jurada de este año, Franco adquirió una camioneta Kia Sportage por valor de G. 112 millones en el año 2021, pero no se observa ningún crédito por ese valor. En ese entonces, percibía la suma mensual de G. 6.874.667, según declaró en el 2018, donde también detalló que contaba con un vehículo Toyota Vitz.
También adquirió un terreno en Itauguá por valor de G. 21.450.000 en el 2021. Posee muebles por valor de G. 23 millones y depósitos por G. 38 millones. Su deuda asciende a tan solo 19 millones.
Su patrimonio creció exponencialmente. Ya que de contar con un patrimonio neto de G. 43.271.577 en el 2018, este año declaró que posee la suma de G. 181.195.372.
