La Procuraduría General de la República emitió un comunicado oficial en respuesta a las publicaciones periodísticas sobre las demandas contra la Aseguradora Tajy, sosteniendo que sus acciones se ajustaron estrictamente a la legalidad y que se logró proteger el patrimonio público. Respecto al primer juicio, que involucraba una póliza de caución de G. 200.000.000 de la firma Neighpart S.A. a favor del Ministerio de Salud Pública, la institución aclaró que la aseguradora abonó la totalidad del dinero reclamado, concluyendo el litigio de manera satisfactoria. El foco del debate se centró en la segunda demanda, vinculada a una póliza de garantía de desempeño profesional de la firma ICAP Consultores con vigencia en el Ministerio de Salud y Senasa por un límite máximo de hasta G. 4.304.755.400.
De acuerdo con la explicación de la PGR, la demanda contra la aseguradora se promovió ante la inminencia del plazo de prescripción de un año que establece la ley, tras la rescisión del contrato con la empresa contratista. La institución detalló que el embargo preventivo por la suma máxima de G. 4.304.755.400 se solicitó como una medida de resguardo, dejando expresa constancia en el expediente de que el monto definitivo a cobrar dependería de las pruebas. Tras concretarse el embargo, Senasa remitió un informe técnico oficial que cuantificó el daño real ocasionado al Estado en G. 518.976.968. Con este dato técnico, la Procuraduría cerró un acuerdo transaccional por G. 520.000.000, asegurando que se recuperó la totalidad del perjuicio estimado por los propios organismos afectados.
Finalmente, la Procuraduría aclaró la situación de los honorarios profesionales cuestionados, enfatizando que los mismos fueron costeados en su totalidad por la aseguradora demandada y no con recursos públicos. La institución argumentó que, según lo estipulado en los artículos 13 y 17 de la Ley N.º 6837/2021, una fracción de estos honorarios ingresó directamente a las arcas del Estado como recurso institucional sujeto a control regulatorio. Tras aplicarse las deducciones fiscales y los depósitos legales correspondientes, el dinero remanente fue distribuido entre los abogados que firmaron la demanda, ratificando que el proceso cumplió con los estándares de transparencia, ética y eficiencia en la defensa de los intereses estatales.
