La República del Paraguay vuelve a colocarse innecesariamente al borde de una tensión que ya conoce demasiado bien. Y esta vez, dentro del propio sistema político, hay quienes están teniendo la lucidez —y el coraje— de decirlo con todas las letras.
Referentes de partidos de la oposición, no funcionales al gobierno, alzaron su voz de protesta ante un nuevo intento de torcer la ley a favor de una persona.
Pero lo llamativo e importante es que también un senador y referente del Partido Colorado, muchas veces tibio en sus intervenciones, se haya pronunciado al respecto.
Ayer el senador Luis Pettengill hizo un análisis respecto a la posibilidad de que un grupo político hoy en función de gobierno busque algunos atajos para transgredir la Constitución nacional, como ya lo intentó en el año 2017.
El mencionado legislador no estuvo haciendo una simple observación técnica, marcó un límite, desde una postura que hoy escasea: la responsabilidad institucional.
Su advertencia sobre el artículo 189 de la Constitución es clara; esta no admite reglamentación, pues pretender lo contrario no solo es jurídicamente forzado, sino que abre la puerta a una distorsión del diseño constitucional, que puede acarrear problemas a la propia institucionalidad de la república.
Pero, según vimos, Pettengill incluso va más allá de lo estrictamente jurídico, y ahí es donde su postura adquiere verdadero peso político, pues advierte que insistir en este camino puede “exacerbar” a la ciudadanía, harta de ver a cada día los privilegios de castas políticas, que usan y abusan de sus cargos.
Lo que dijo el senador no es una frase al pasar, es una lectura fina del momento que vive el país, ya que no se está discutiendo esto en un contexto neutro, se hace en medio de un creciente hartazgo social.
La gente está cansada de los privilegios, de los sueldos desproporcionados en el sector público, del uso discrecional del poder y de una dirigencia que hoy gobierna y que muchas veces parece vivir de espaldas a la realidad.
En ese escenario, intentar avanzar sobre una figura tan sensible como la senaduría vitalicia no se percibe como un debate académico en lo constitucional; se advierte como un nuevo intento de acomodar las reglas en favor de los mismos de siempre, ante el lacerante descrédito social del que están siendo objeto.
Y ahí es donde la advertencia de Pettengill cobra una dimensión que trasciende el Congreso, porque el país ya vivió lo que ocurre cuando la política decide ignorar el clima social, y el recuerdo no está distante, ya que en el año 2017, el intento de forzar interpretaciones constitucionales derivó en una reacción ciudadana sin precedentes.
El resultado fue una crisis institucional profunda, el Congreso incendiado y la muerte de un joven paraguayo, que tiñó de sangre un mismo intento desesperado de atajo a la Constitución, para continuar en el poder.
Ese antecedente, como ya se dijo, no es historia lejana, es un recuerdo y advertencia viva de lo que puede repetirse, porque hoy incluso el nivel de desconfianza es aún mayor, la tolerancia social es menor y el margen de error de la dirigencia política es prácticamente inexistente.
Por eso, lo que hace Pettengill no es oponerse por cálculo ni por conveniencia; es, en esencia, poner un freno a tiempo a cualquier intento de pisotear la Carta Magna desde una mayoría circunstancial que, aunque se disfracen de técnicas legislativas, pueden encender conflictos de gran escala.
En un sistema político donde muchas veces prima el silencio o la conveniencia, destacar una postura que advierte y prioriza la estabilidad institucional no es un gesto menor, e ignorar esa advertencia no sería solo un error jurídico, sino uno político de consecuencias imprevisibles.
