La defensa de la Asociación Espíritu Santo y de sus directivos presentó recursos de apelación contra las resoluciones que rechazaron los incidentes de nulidad planteados dentro de una causa por presunta frustración de la ejecución individual. Las decisiones atacadas fueron dictadas por el entonces juez penal de garantías Mirko Valinotti, quien recientemente dejó de integrar el Poder Judicial luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolviera no confirmarlo en el cargo.
El caso tiene origen en una denuncia promovida por el abogado Esteban Sarubbi, quien sostiene que no pudo cobrar una regulación de honorarios profesionales obtenida en la causa “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ Cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”. Según la denuncia, una transferencia de inmuebles realizada por la asociación a favor de su abogada patrocinante habría impedido la ejecución de lo reclamado.
A partir de esa presentación, la agente fiscal María Angélica Insaurralde formuló imputación contra miembros directivos de la entidad religiosa y contra la representante legal.
Defensa. Los abogados de la asociación sostiene que las operaciones observadas fueron realizadas antes del inicio del juicio de regulación de honorarios y que correspondieron a daciones en pago efectuadas en concepto de servicios profesionales, por lo que niega la existencia de una conducta dolosa por parte de los directivos involucrados.
El abogado Francisco de Vargas señaló además que, conforme a datos de la Dirección General de Catastro, la Asociación Espíritu Santo posee 38 inmuebles que en conjunto superan las 230.000 hectáreas. Agregó que al momento de concretarse las transferencias no existía ninguna medida judicial de prohibición de innovar sobre esos bienes.
Con esos argumentos, la defensa promovió incidentes de nulidad contra la imputación, los cuales fueron rechazados por el entonces magistrado Valinotti que tenía a su cargo la causa.
«Todas estas nulidades y la excepción que han sido rechazadas por este juez están siendo objeto de recursos de apelación en este momento», afirmó el abogado Francisco de Vargas.
Tras la presentación de los recursos, será la Cámara de Apelaciones la encargada de analizar los planteamientos de la defensa.
Paralelamente, la causa quedará bajo la conducción de un nuevo magistrado luego de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia en su última sesión plenaria.
«Es decir, hay otros magistrados que van a seguir actuando en el sentido de nuestro planteamiento y veremos cómo se comportan», sostuvo De Vargas.
Esta semana, la Corte resolvió no confirmar a Mirko Valinotti al frente del Juzgado Penal de Garantías N.° 10 de Asunción. En su reemplazo fue designado el abogado Marcelo Saldívar, quien se desempeñaba como agente fiscal. Durante la deliberación, el ministro Gustavo Santander propuso la confirmación de Valinotti, mientras que la candidatura de Saldívar fue impulsada por la ministra Carolina Llanes.
Actuación fiscal bajo análisis. En paralelo, la actuación de la fiscala María Angélica Insaurralde también se encuentra bajo análisis. En febrero de este año, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió analizar los antecedentes del caso para determinar si corresponde la apertura de una investigación preliminar o un eventual enjuiciamiento de oficio relacionado con la imputación formulada contra los directivos de la asociación.
Antecedentes. La causa “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ Cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública” guarda relación con un litigio sobre aproximadamente 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco paraguayo, valuadas en alrededor de USD 500 millones y protegidas por las disposiciones de la Ley de Seguridad Fronteriza.
Dentro de ese proceso, cuatro empresas offshore constituidas en paraísos fiscales reclaman derechos sobre los inmuebles en disputa. Las actuaciones en este proceso derivaron en el procesamiento de la exjueza Tania Irún, acusada por presunto prevaricato. La exmagistrada fue removida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y posteriormente la Corte Suprema de Justicia confirmó su destitución, tras emitir una resolución que dispuso la cesión de las tierras objeto del litigio.
