La percepción sobre el deterioro del cuadro policial en Paraguay habría alcanzado niveles de alarma sin precedentes, en una tendencia caracterizada por lo que calificados observadores consideran una sumisión cada vez más grosera y manifiesta ante el sector político de turno.
De acuerdo con testimonios vertidos bajo estricta reserva de identidad por parte de oficiales retirados de la institución, este proceso de subordinación y degradación se habría intensificado de manera acelerada a partir de la administración del excomandante Carlos Benítez, actual viceministro de Seguridad Interna.
A decir de los uniformados en situación de retiro, la función primordial y el mandato constitucional de velar por la seguridad ciudadana habrían sido dejados en un segundo plano. La prioridad operativa y estratégica de los altos mandos se habría reorientado, presuntamente, hacia la estructuración de un engranaje enfocado de manera casi exclusiva en «recaudar para la corona». Este esquema implicaría la recolección sistemática de fondos provenientes de actividades ilícitas, los cuales ascenderían por la cadena de mando para financiar favores, mantener cuotas de poder y sostener lealtades con padrinos del ámbito político.
Las evidencias que respaldarían estas denuncias públicas e institucionales abundan en los registros procedimentales y judiciales del país. Un ejemplo paradigmático de esta supuesta red de protección estatal al crimen organizado se habría puesto de manifiesto durante las investigaciones del denominado Caso Umbral. En dicho operativo, tras la incautación récord de casi 90 toneladas de marihuana en Canindeyú, diversos análisis periodísticos y criminológicos expusieron que gigantescos convoys narco habrían cruzado decenas de controles policiales sin mayores contratiempos. La supuesta exigencia de cánones millonarios por hectárea cultivada o por derecho de tránsito sugeriría la existencia de un esquema institucionalizado donde el narcotráfico no operaría al margen del Estado, sino presuntamente escoltado y amparado por dependencias policiales.
Esta trama de permeabilidad y cobertura militar-policial quedaría retratada con especial nitidez en el caso del «empresario» argentino Pablo Emanuel Arequipa, actualmente detenido en su país e imputado por asociación ilícita y falsificación. De acuerdo con datos e investigaciones judiciales transfronterizas recopilados en plataformas informativas, Arequipa presuntamente traficaba toneladas de granos desde Argentina a Bolivia con documentación adulterada y habría utilizado a Paraguay como plataforma para el lavado de dinero mediante la compra de inmuebles y vehículos de alta gama. Pese a contar con orden de captura internacional, el sospechoso se desplazaba por Asunción y el Chaco con absoluta libertad portando cédula paraguaya.
Según los reportes, el extranjero habría gozado de una sofisticada red de resguardo policial y político apadrinada supuestamente por un influyente senador oficialista del Bajo Chaco. Entre los hallazgos que denotan la severidad del caso, se destaca que la residencia alquilada por Arequipa se situaba sugestivamente frente al Departamento de Tecnología de Comunicación de la Policía Nacional (sobre la calle Sajonia, entre Bruno Guggiari y Morquio), donde agentes uniformados habrían recibido instrucciones «de arriba» para custodiar la vivienda a cambio de propinas y prevendas.
Asimismo, Arequipa habría sido retenido en Mariscal Estigarribia transportando a dos ciudadanos chinos sin trámites migratorios, siendo todos liberados de inmediato por orden fiscal. En los allanamientos realizados en Argentina incluso habrían surgido documentos de autorización para conducir varios vehículos de lujo vinculados a la playa Motor Haus, de la familia Bendlin-Cartes. De hecho, un robo reciente a este establecimiento estaría vinculado al caso Arequipa, indicaron fuentes policiales.
De manera análoga, el colapso en los sistemas de control de identidad e inteligencia habría quedado expuesto en la zona urbana del Departamento Central, con la detención en Luque de un ciudadano chino rojo con orden de captura internacional por millonarias estafas. El prófugo circulaba impunemente con una cédula de identidad paraguaya de contenido falso, un hecho que reavivó las sospechas sobre la presunta venta de documentos oficiales a prófugos internacionales por parte de redes enquistadas en las propias dependencias de Identificaciones. Trascendió que además de el pago por la documentación falsa, el buscado por la Interpol también pagó fuertes sumas por protección policial.
Para los oficiales retirados, la continuidad de este modelo de gestión pondría en riesgo inminente el pacto democrático y la vigencia del Estado de derecho. Mientras la delincuencia común y el crimen organizado ganan terreno en las calles, la cúpula policial continuaría enfocada, presuntamente, en consolidar la recaudación ilícita y en rendir pleitesía al poder político que la sostiene, postergando indefinidamente la demanda de paz, garantías y protección que exige la ciudadanía paraguaya.
