La crisis desatada en el sistema de salud pública por los reclamos de equiparación de la carga horaria profesional ha tomado un giro dramático y tenso.
En medio de las renuncias masivas presentadas por médicos especialistas de hospitales clave para exigir la aplicación de la Ley N.º 7137 —que busca reducir las jornadas de 24 a 12 horas semanales—, un intento de negociación del Gobierno generó una fractura y denuncias de amedrentamiento en el gremio.
La Dra. Nora Irala, profesional del Hospital Nacional de Itauguá, denunció públicamente haber recibido llamadas intimidatorias por parte de colegas desconocidos luego de que su nombre apareciera entre las firmas de un polémico acuerdo con autoridades del Ministerio de Salud Pública. «Tuve que apagar mi celular porque colegas que no conozco me amenazaron», reveló la profesional, explicando la extrema presión sufrida tras la difusión del documento oficial.
Irala aseveró haber sido víctima de una «celada» montada por actores políticos que buscaron desarticular el frente común de protesta. Aclaró que su intención jamás fue perjudicar las reivindicaciones del sector, por lo que pidió disculpas públicas a sus colegas y reafirmó que mantiene firme su postura inicial de renunciar y respaldar la huelga general médica hasta que el Estado garantice un trato equitativo para los profesionales sanitarios.
