Si usted piensa que tramitar un cobro en el Instituto de Previsión Social requiere meses de papeleos, burocracia infinita y paciencia divina, es porque probablemente no conoce el ingenioso truco del Objeto del Gasto 915. Mientras los asegurados hacen filas eternas buscando un turno médico o una simple aspirina, la administración de la previsional inventó un insólito atajo contable que parece sacado de un show de ilusionismo: contratar sin contrato vigente, dejar vencer los plazos y luego soltar millones en efectivo bajo el paraguas de «Gastos Judiciales».
El informe de la Contraloria General de la República cayó como un balde de agua helada en las oficinas de la previsional, revelando que entre los años 2024 y 2025 el IPS desembolsó la escandalosa suma de G. 104.226.022.773 (algo así como 17,3 millones de dólares) mediante maniobras que esquivaron abiertamente la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, la Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas y las Leyes de Presupuesto General de la Nación 7228/23 y 7408/24. Toda una hazaña de la ingeniería administrativa conducida durante la presidencia del imputado Jorge Brítez y bajo la gestión del investigado por la fiscalía, José “José’i” González Maldonado, quien se desempeñaba como director jurídico.
El mecanismo era tan simple como audaz. El IPS dejaba vencer alegremente los contratos de servicios esenciales como seguridad y vigilancia, limpieza e higienización, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos hospitalarios en todo el país. Lo mismo pasaba con la provisión de alimentos para pacientes y funcionarios de los hospitales regionales y unidades sanitarias del interior, e incluso con el servicio tercerizado de ambulancias para los asegurados. Una vez que las empresas prestaban los servicios «de onda» y fuera del marco legal, las autoridades firmaban acuerdos extrajudiciales de palabra o en papeles privados, y ¡voilà!, rotulaban el cheque como «Gastos Judiciales» para saltarse las licitaciones ordinarias.
De los más de 104.226 millones de guaraníes repartidos, la Contraloría descubrió una perla todavía más brillante: desembolsos por más de G. 1.688 millones que se pagaron cash sin que existiera siquiera una sentencia judicial ni una homologación de acuerdo extrajudicial. Es decir, ¡se pagó por «gastos judiciales» en pleitos que nunca pasaron por el estrado de un juez!
¿Quiénes disfrutaron de esta maravillosa ventanilla preferencial sin jueceo de por medio? En el rubro de servicios médicos tercerizados para el Chaco Central, la suerte sonrió a la Asociación Civil Chortitzer Komitee, a la Asociación Civil Mennonita Colonia Fernheim y a la Asociación Colonia Neuland Chaco. Pero la frutilla del postre se la llevó la firma Audicon-Auditores, Contadores & Consultores. Esta cotizada consultora —contratada paradójicamente para realizar una muy promocionada «auditoría externa» dentro del IPS— tiene como socios principales a una conocida pareja de la política nacional: Jacinto Santamaría, hasta hace unos días ministro de Turismo, y su esposa Marta González, exviceministra de Tributación durante la administración del expresidente Horacio Cartes. Cobrar por auditar la transparencia cobrando de forma no muy transparente es, sin duda, una lección de alta contabilidad.
Ante semejante desastre administrativo y financiero, la Contraloría cortó por lo sano y le bajó la bajada de línea al IPS: adoptar de inmediato severas medidas de control para que los servicios y sus pagos encajen dentro de la ley, abstenerse de seguir usando parches informales y regularizaciones «de hecho», y arrancar en el acto una investigación interna para deslindar responsabilidades y castigar a los cerebros detrás de estas fabulosas bicicleteadas presupuestarias.
Fuente: ABC Digital
