Tras casi nueve años de labor administrativa en el Registro del Estado Civil (REC), una trabajadora enfrenta hoy un duro escenario marcado por la desprotección y la incertidumbre.
Luego de haber sobrevivido a dos accidentes cerebrovasculares (ACV) sufridos en su propio puesto de trabajo, la mujer se encontró con una desgarradora noticia: la institución resolvió no renovarle el contrato, dejándola fuera de la entidad.
La afectada denuncia que detrás de su desvinculación existe un trasfondo de persecución y desamparo laboral, argumentando que sus graves quebrantos de salud derivaron del intenso estrés padecido durante su gestión. Por su parte, la versión oficial emitida por el Registro Civil, a cargo de Maximiliano Ayala, niega categóricamente cualquier tipo de amedrentamiento o represalia. Desde la institución sostienen que la decisión de no renovar el vínculo obedeció estrictamente a dictámenes técnicos que evaluaron negativamente su desempeño.
El caso reabre un encendido debate sobre la vulnerabilidad de los trabajadores contratados dentro del sector público, donde años de antigüedad no siempre garantizan estabilidad ni contención humana ante imprevistos de salud severos. Entre secuelas médicas, denuncias cruzadas y la repentina falta de ingresos, la trabajadora busca hoy respuestas y justicia ante una salida que considera profundamente injusta.
Fuente: Ultima Hora
